La coordinadora general de Paz para la Mujer, Vilma González Castro, denunció este jueves que peligran los servicios que brindan 31 organizaciones que atienden a mujeres víctimas de la violencia de género, debido a que el Gobierno no les ha pagado el desembolso de fondos por servicios ya prestados.

“La demora  en los reembolsos  ha llevado al borde del cierre tanto a los albergues como a centros de servicio directo para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual”, indicó en comunicado de prensa.

Es el Departamento de Justicia quien debe pagar por los servicios con fondos federales provenientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Este diario se comunicó con el portavoz de la agencia, Miguel Pereira, pero de inmediato no pudo ser contactado para una reacción.

Según González Castro, uno de los albergues más afectados es el Hogar Nueva Mujer, a quien le adeudan $18,000.

La coordinadora general de Paz para la Mujer manifestó que, además, hay organizaciones que están en espera que les respondan las propuestas de continuación de servicios radicadas a la Comisión Conjunta de Donativo Legislativo y que de no responderles con premura, se pone en riesgo la continuidad de los servicios a sobrevivientes de violencia.

Otra consecuencia directa que mencionó será que las organizaciones continuarán endeudándose, pues sobreviven con líneas de crédito. De hecho, dijo que varias entidades han tenido que reducir personal en perjuicio de la seguridad y buena atención de las participantes y de empleadas que han perdido su trabajo.

Asimismo, González Castro lamentó el peligro que enfrenta el Proyecto de Ayuda a Sobrevivientes de Violencia Sexual y Doméstica (Pasos de las Mujeres) cuya misión es atender sobrevivientes, lo cual incluye mujeres, niñas y niños, documentar los casos y contribuir a que las personas agresoras sean procesadas en los tribunales mediante la presentación de evidencia forense y el testimonio pericial del personal. 

Detalló que el Instituto de Ciencias Forenses, en cuyas instalaciones ha estado operando Pasos desde enero de 2011, les ha pedido que desalojen el espacio para el 30 de junio y todavía no han conseguido otro lugar para reubicarse. Pasos también enfrenta dificultades económicas, pues sus fondos llegan solo hasta febrero de 2015 y aún no han recibido información de  la Oficina de la  Procuradora de las Mujeres ni del Departamento de Justicia sobre si sus propuestas han sido aprobadas, dijo.

“Estamos en la mejor disposición para reunirnos y dialogar con la dirección de las agencias que tienen responsabilidades en los asuntos planteados pues están en riesgo la seguridad y las vidas de las mujeres que se encuentran en relaciones de abuso.  Exigimos que se mejore la comunicación y que se contesten nuestras preguntas.  Por otro lado, es muy importante que se firmen los contratos  pendientes con el Departamento de Justicia para las nuevas propuestas y se agilicen los pagos adeudados”, concluyó González.