El juez superior Ángel Pagán Ocasio, del Tribunal de San Juan, se reservó este jueves el fallo sobre una moción para desestimar la demanda que presentó Hogar CREA para impugnar el contenido de un informe que recopila testimonios de exparticipantes de ese programa sobre alegadas prácticas violatorias de derechos civiles y humanos en la institución. 

Hogar CREA sometió el verano pasado la demanda por libelo, calumnia y difamación en contra de las organizaciones Intercambios Puerto Rico, Descriminalización.org y los psicólogos sociales Rafael Torruella y Débora Upegui-Hernández para objetar y solicitar que se detenga la divulgación del estudio “Humillación y abusos en centros de ‘tratamiento’ para uso de drogas en Puerto Rico”.

La moción de desestimación fue presentada este jueves por el licenciado Luis José Torres Asencio, representante legal de Upegui-Hernández, al argumentar que la parte demandante no había podido presentar prueba que le hiciera merecedora del remedio solicitado. 

Torres Asencio señaló principalmente que Hogar CREA, representado por el licenciado Yuri Valenzuela, no había podido evidenciar la falsedad del contenido del informe, ni tampoco que en su divulgación había mediado malicia real, estándar de prueba necesario cuando la parte perjudicada es una figura pública o con acceso a los medios de comunicación, como es el caso del demandante. 

Argumentó, además, que los testigos presentados por la parte demandante durante el proceso no pudieron confirmar que la institución haya sufrido un daño irreparable a causa de la publicación, y que restringir o prohibir su distribución constituye un acto de censura que violenta el derecho de libre expresión de los demandados. 

“Este es un caso que involucra el derecho constitucional a la libertad de expresión, uno de los derechos más protegidos en nuestro país. Este tipo de acción solo se puede presentar cuando se demuestre, y le corresponde a la parte que presenta la demanda, en este caso Hogar CREA, demostrar que la información que se ha publicado es falsa y que se hizo con lo que llamamos malicia real, con esa intención de causar un daño a la imagen y afectar la reputación”, explicó el abogado a este medio al concluir la vista. 

“La prueba que la misma parte demandante ha tenido oportunidad de presentar no cumple, no satisface esos requisitos. Más aún, en este caso, lo que está en juego son dos visiones de mundo contradictorias, que compiten entre sí, que se están debatiendo a nivel de país sobre cuáles deben ser las mejores prácticas, la mejor política pública para trabajar con la población con problemas de adicción a sustancias controladas”, abundó.

Ese debate, a juicio de Torres Asencio, debe darse entre la sociedad civil y no en los foros judiciales. 

El juez Pagán Ocasio se reservó su determinación sobre la moción de desestimación hasta escuchar la prueba de la parte demandada, que consistirá en el testimonio de la doctora Upegui-Hernández, y citó la continuación de la vista para el viernes, 22 de enero, a las 9:00 a.m. El juez estimó que esa podría ser la última audiencia del caso, que comenzó en junio pasado con la presentación de la demanda. 

Desde que inició el pleito, la publicación en controversia ha continuado distribuyéndose, tanto en su versión impresa como electrónica, y Hogar CREA no ha tomado acción alguna para mitigar los daños que, según plantean, le ha ocasionado esa información al programa de tratamientos. 

Durante la vista, el juez Pagán Ocasio indicó que el informe también critica las iniciativas que impulsa la Rama Judicial para atender a la población adicta a sustancias controladas, y que en lugar de frenar esos proyectos, en los últimos meses los han expandido.

El magistrado preguntó a Héctor Luis Figueroa Rodríguez, director ejecutivo de Hogar CREA, por qué esa institución no ha actuado para contrarrestar la información vertida en el estudio. 

“Por la situación económica”, le respondió Figueroa Rodríguez aludiendo a los recortes presupuestarios que han experimentado este año. Dijo, igualmente, que han querido esperar por la resolución del tribunal.

Figueroa Rodríguez rechazó todo el contenido del reporte realizado por la organización Intercambios Puerto Rico, aunque reconoció que no le consta de personal conocimiento la veracidad o falsedad de los testimonios vertidos por las personas encuestadas.

El licenciado Valenzuela, por su parte, argumentó que Hogar CREA ha sufrido un daño irreparable tras la divulgación del estudio, y dijo que la magnitud es difícil de estimar, pues se trata de los tratamientos que han dejado de recibir aquellos usuarios de drogas que necesitan ayuda y no han recurrido a los programas de esa entidad desalentados o inseguros por la información publicada sobre sus prácticas.

“Si esto ocasiona un daño a la reputación, tiene que tener una puerta de entrada al tribunal para que pueda ser resarcido ese daño. Aquí no se está pidiendo dinero, aquí se está pidiendo que cese ese tipo de acusación falsa porque afecta la reputación de una organización que lleva tantos años sirviendo tan claramente a Puerto Rico para un problema tan grave como la drogadicción”, sostuvo Valenzuela en un aparte con este medio.

“Si restamos la credibilidad de Hogar Crea, la gente no va a buscar ayuda voluntariamente”, subrayó el letrado.