El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, firmó este martes una orden para permitir a los transportistas públicos de las guaguas pisicorre ofrecer su servicio a los usuarios de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

La autorización la dio para lidiar con el tranque entre la gerencia de la AMA y la Unión de Trabajadores Unidos de la AMA (TuAma) que solo permitió que salieran a dar su servicio 11 guaguas. La controversia se debe a cambios en las rutas de las guaguas y los horarios de los conductores.

“Este servicio se está afectando por la determinación de la unión de incitar a los empleados de que no participen (en los cambios de rutas y horarios). A esos efectos, yo, como secretario, estamos emitiendo una orden y autorización a los transportistas públicos, a las pisicorre, que puedan recoger pasajeros en donde quiera que ven a alguien en una parada, ofrecerle el servicio para mitigar parte de la situación que ha provocado la unión de TuAma”, detalló en entrevista radial (Wapa Radio).

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 Torres insistió que la unión es la que ha provocado que las 87 guaguas programadas para este martes no hayan salido a dar el servicio a los usuarios del sistema. Alegó que se resistieron a participar del cambio de turno y ahora no quieren aceptar la nueva programación hecha por la gerencia.

 

“Esperemos que la unión recapacite de este asunto. Todo lo que se ha hecho está conforme al convenio”, precisó.

 Torres también argumentó que los cambios en horarios eran necesarios debido al déficit operacional en el que opera la AMA, la realidad del inventario de guaguas y la disminución en los pasajeros.

 Comentó, de hecho, que todos los días se reportaban en cada turno 149 choferes, cuando la realidad es pueden salir a conducir las guaguas alrededor de 100.

“Que quede claro que se les dio la oportunidad y ellos no quisieron participar. Todo se hizo según el convenio y la ley”, afirmó.

 El presidente de TuAma, Antonio Díaz López, no obstante, ha insistido que el cambio de turno y rutas es ilegal, porque no se hizo conforme al convenio colectivo.

La controversia se encuentra ante la Junta de Relaciones del Trabajo, que citó a las partes para el 27 de febrero.