La Administración de Vivienda Pública (AVP) a través de la compañía A&M Contract, Inc. radicó sendas demandas de desahucio contra ocho familias del residencial público Luis Lloréns Torres por incumplimiento de contrato por alegada falta de pago en el servicio de luz.

La situación amenaza además a otras miles de familiares que residen en complejos de vivienda pública y que tienen deudas pendientes con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, alertó, hoy, el licenciado Alvin Couto de Jesús, quien forma parte del colectivo de abogados que representa a los demandados.

El letrado realizó la denuncia durante una vista de seguimiento que se celebró ante la jueza Eva Araya Ramírez, del Tribunal de San Juan, que atiende el proceso civil contra las familiares de Llórens Torres.

Cuoto de Jesús detalló que en Puerto Rico hay 68,586 unidades de vivienda pública. De esa cifra, 64,281 o el 93% de los apartamentos tiene una deuda con la AEE y la AAA.

Ante esta situación, la AVP -a través de las compañías que administran los complejos de vivienda pública- parece que inició una ofensiva para desalojar a los residentes morosos.

"Cientos de personas han recibo una primera carta de la administradora apercibiéndolos de que pueden ser desahuciados", apuntó Couto de Jesús.

Señaló que en caso de las familias de Lloréns Torres la compañía privatizadora actuó de forma irregular al conceder contratos de arrendamiento pese a que sabía que había residentes que no contaban con el servicio de la luz.

"¿Qué sucede? Que a ellos los están auditando ahora los federales y en esa auditoría no van a salir bien. ¿Qué han hecho? Que a los clientes que ya tienen el contrato firmado desde hace unos meses le están haciendo una revisión anual nuevamente, que es contraria a derecho y contraria a la Ley, para exigirle que cumplan con todos los requisitos", indicó.

"Lo que debe pasar es que esa exigencia se haga en la próxima revisión anual", agregó.

Este escenario, según el abogado, parece ser la razón detrás de las demandas de desahucio.

Pero estas demandas de desahucio, de acuerdo a los abogados y abogadas de las familias de Lloréns Torres, viola la Ley de Justicia Tarifaria. Esta regulación estipuló que para evitar desahucios por falta de servicio de agua y de luz las corporaciones públicas tienen que establecer un plan de pagos a los residentes morosos para que mensualmente abonen a su deuda $10 sin importar el monto de la deuda pendiente.

El colectivo de abogados también planteó que la compañía privatizadora viola los derechos de los residentes al no seguir el trámite administrativo establecido para atender este tipo de controversia.

 Por ello, el presidente del Colegio de Abogados, Mark Anthony Bimbela, aseguró que los abogados del gremio junto a abogados de Pro-Bono y la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana representaran de forma gratuita a los residentes demandados.

"Que el estado sepa que estas personas no están solas. Tenemos compañeros y compañeras a través de todo Puerto Rico comprometidos con la lucha social y las causas justas y vamos a estar presentes", afirmó.

Para dramatizar la magnitud de esta situación, mencionó el caso de una familia que fue desahuaciada por una deuda de luz de $20.

Señaló también que al momento el colectivo de abogados ha atendido unas 15 demandas.

Como estrategia para enfrentar la demanda, los abogados pidieron la desestimación del pleito o que se siga el trámite por la vía ordinaria y no la ruta sumaria como solicita la privatizadora.

También demandaron a la AEE y contrademandaron por daños a la AVP y la compañía A&M Contract. Las familias exigen entre $75,000 a $150,000 por el daño emocional y mental que les ha causado esta situación.

Para frenar una posible ola de desahucios exhortaron a los residentes de los residenciales que sean demandados a no reconocer ninguna deuda y a comunicarse con el Colegio de Abogados para procurar asistencia legal.

Mientras el licenciado Carlos Carrillo Jiménez, que representa a la compañía privatizadora indicó a este medio que la demanda se radicó por incumplimiento de contrato.

"El contrato de arrendamiento de la AVP requiere a todo arrendatario tener los servicios de agua y luz conectados. Estos casos que se están llevando hoy es porque los demandados no han podido mostrar evidencia de que tienen el servicio de energía eléctrica conectado", apuntó.

"A mí no me constan si están morosos o no están morosos... Ellos tienen que traer, al momento de una recertificación, evidencia de que tienen servicio de agua y luz o con plan de pago, pueden tener un atraso, lo que no pueden tenerlo es desconectado, que no tengan un contador", añadió.

Indicó también que las demandas por desahucio se radicaron porque los residentes no solicitaron a tiempo una vista administrativa, un derecho que se les informó en la carta de intención de cancelación que se les envió previo al inicio del proceso legal.

Como la demanda está en la etapa inicial, durante la vista se discutieron asuntos procesales y se solicitó por estipulación de las partes consolidar todas las demandas en un solo caso.

La jueza Araya Ramírez aceptó la solicitud. El proceso continúa el 11 de diciembre a las 2:00 p.m.