Solo tiene que abordar su auto y conducir por alguna de las autopistas de Puerto Rico para darse cuenta que la proliferación de torres de telecomunicaciones parece haber invadido indiscriminadamente cada rincón de la Isla.

Y no solo se yerguen solitarias en algún punto inhóspito de la montaña, la práctica de rentar terrenos en comunidades para construir estas torres se hace cada vez más común, poniendo en riesgo la seguridad de los residentes de estas comunidades.

Aunque en Puerto Rico existe una ley que regula la construcción de estas torres –la Ley 89 de 2000 que fiscaliza la construcción, instalación y ubicación de estas torres- grupos comunitarios han alzado su voz de alarma ante lo que consideran una proliferación no planificada por parte de estas compañías sin que sean debidamente reguladas por el Estado.

 “Esta práctica se está haciendo muy común en la Isla y los mecanismos que se supone regulen la instalación de estas torres, no está funcionando. Recientemente le preguntamos a un representante de una de estas compañías cuál era el criterio que les exigía el Gobierno para darles los permisos de construcción y esa persona, muy cándidamente, nos admitió que ellos establecían el criterio, no el Gobierno”, aseguró Wilson Rivera Ramos, portavoz de la Coalición de Comunidades en Contra de la Proliferación de Antenas en Puerto Rico.

“Para el 2006 habían en Puerto Rico 1682 torres y en cada torre de esas hay un promedio de 10 antenas. En el 2014 ya hay 2000 torres que, a un promedio de 10 por cada una, estamos hablando de 20 mil antenas por toda la Isla”, añadió el portavoz mientras mostraba un mapa de Puerto Rico donde mostraba la posición de cada una de esas antenas.

Según explicó Rivera Ramos, la mayor preocupación es que no existe un plan concreto para fiscalizar la manera en que estas compañías construyen las antenas y se pone en riesgo la integridad de los ciudadanos con esta práctica a la que llamó “indiscriminada’. 

“El Gobierno no quiere tocar el tema de la salud porque ya se está estableciendo una relación entre estas antenas y la proliferación de cáncer entre las personas. Muchos países están reconociendo el hecho de que otros organismos en los Estados Unidos, Reino Unido, Australia, muchos países de la Unión Europea así como la Organización Mundial de la Salud (OMS) están debatiendo activamente este tema para implementar política pública al respecto”, explicó el líder comunitario.

Los miembros de la Coalición subrayaron la incertidumbre en torno a la salud provocada las emisiones electromagnéticas emitidas por las antenas, la devaluación del valor de las propiedades cercanas a las torres, los daños a las carreteras y terrenos, contaminación visual y estética al entorno comunitario,  la interrupción de la sana convivencia y armonía entre vecinos y el ambiente de molestia e impotencia entre la comunidad como las razones primordiales por las que se oponen a la construcción de estas torres sin tomar en cuenta la seguridad y el bienestar de las comunidades.

No obstante, Rivera Ramos indicó que la Coalición ha hecho recomendaciones al Gobierno para que incremente la distancia en que las torres deben estar ubicadas de 100 metros de las residencias a 500 así como mayor injerencia de los gobiernos municipales y la celebración compulsoria de vistas públicas en las comunidades antes de construir una torre.

El portavoz indicó que, hasta el momento, la Legislatura no ha dado indicios de tener interés en enmendar y reforzar la Ley 89.