Un proyecto de ley senatorial que propone otorgar incentivos contributivos a puertorriqueños que han emigrado para que regresen y residan e inviertan en el país, recibió este viernes el endoso del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y de varias entidades privadas.

La medida, que crearía lo que se conocería como la “Ley Para Incentivar el Regreso de la Diáspora Puertorriqueña”, dispone excepciones en la aplicación de ciertas disposiciones del Código de Rentas Internas para el ingreso personal que generen estas personas y también para sus propiedades e inversiones.

“La diáspora puertorriqueña es una población altamente capacitada que puede aportar a nuestro desarrollo como país. Por esto, nos encontramos trabajando varias iniciativas dirigidas a atraer esta población”, sostuvo el DDEC en ponencia firmada por el secretario Alberto Bacó.

Entre esas iniciativas mencionó la firma de un posible acuerdo que facilite contactar a la diáspora profesional desarrollada con éxito en sus campos de trabajo para conectarla con los profesionales que están en Puerto Rico y facilitar un flujo de información.

También, explicó Bacó, la agencia se propone establecer relaciones con esos puertorriqueños residentes en el exterior para que faciliten atraer inversión a Puerto Rico mediante la promoción de las leyes de incentivos locales.

 “Consideramos que este proyecto nos servirá como herramienta efectiva en nuestros esfuerzos para traer de vuelta a nuestros profesionales en el exterior”, afirmó el secretario.

La empresa de abogados Adsuar Muñiz Goyco Seda & Pérez-Ochoa, también avaló el proyecto, y propuso enmiendas para eliminar la limitación de residencia fuera del país que se incluye en la medida y el tiempo que establece de residencia previa a la salida de Puerto Rico. Se proponen cinco años en ambos casos.

“Endosamos la aprobación del proyecto ya que resulta necesario establecer incentivos para que se muden a Puerto Rico individuos que trabajen y generen ingresos de cualquier naturaleza”, afirmó Ricardo Muñiz en representación de la mencionada empresa.

También sugirieron cambios en el lenguaje de los incentivos contributivos que se proponen, para no limitarlo a aquellos cuya responsabilidad contributiva sea mayor del 25%, como se propone en la medida.

Con enmiendas parecidas apoyaron igualmente la legislación las entidades Foundation for Puerto Rico (FPR) y ConPRometidos (ConPR). “Apoyamos este proyecto de ley porque entendemos que estos nuevos residentes representarían un nuevo ingreso al fisco y para el consumo local, y aportarían para contrarrestar la fuga de talento que ha venido sufriendo Puerto Rico de manera acelerada”, sostuvieron en ponencia conjunta Denisse Rodriguez, de FPR, y Miguel Columna, de ConPR.

Sugirieron también que se elimine el requisito de cinco años fuera del país y que tampoco se establezca tiempo mínimo de residencia previa.

 “Es importante que tomemos en consideración que Puerto Rico ha perdido a más de 36,000 personas, o el uno por ciento de la población, entre julio de 2012 y julio de 2013”, indicaron para sustentar su propuesta.

Mientras tanto, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados no se opuso al proyecto, pero sostuvo que esta iniciativa y otras similares deben esperar porque se complete el proceso de elaborar una nueva reforma contributiva.

"Consideramos que cualquier medida con la intención de afectar la aplicación del Código de Rentas Internas vigente, debe esperar por la culminación del análisis de reforma contributiva y así evitar haber legislado exenciones contributivas inefectivas”, sostuvo el presidente del Colegio, Aníbal Jover.

Este apoyó, sin embargo, el objetivo de la medida de atraer a Puerto Rico a mucho del talento que abandonó el país.