A pesar de la crisis económica que nos afecta, el Gobierno de Puerto Rico prácticamente le regaló a la empresa Propper International $1.2 millones para que siguiera operando dos de sus fábricas y creara 600 empleos nuevos hasta el 2015. La compañía no solo incumplió con eso, sino que también amenaza con despedir a más de 1,000 personas en otras dos de sus plantas.

¿Dónde fue a parar el dinero entregado a la compañía que se dedica a manufacturar uniformes militares para el Departamento de la Defensa? Aparentemente nadie sabe.

Según dos contratos firmados en febrero de 2010 entre Propper y la Compañía de Fomento Industrial (Pridco,por sus siglas en inglés), el incentivo era de $400,000 para Adjuntas y $800,000 para Lajas.

Sin embargo, menos de un año después, la planta de Adjuntas botó a unos 50 trabajadores. Para enero de 2012, cerró definitivamente, luego que más de la mitad de los empleados se unieran a una demanda contra la empresa por malas prácticas y violaciones a las leyes laborales de Puerto Rico, desde no proveerles papel de baño ni agua hasta negarles días de enfermedad, de vacaciones y reducirles unilateralmente la hora de almuerzo, entre otras.

En Lajas, Propper tenía que crear nuevos puestos y, en lugar de eso, dos años después le cambiaron el nombre a la fábrica por MM Manufacturing y les hicieron creer a las autoridades que se trataba de una nueva empresa. En realidad, eran las mismas personas en la misma estructura física.

Una empleada que habló bajo anonimato y que lleva más de 15 años en la planta de Lajas dijo que el gobernador Luis Fortuño fue a reinaugurar el lugar, aunque “éramos y somos los mismos de siempre”.

Por supuestamente tratarse de una empresa del patio, MM Manufacturing recibió $250,000 adicionales a los $800,000 que ya Propper-Lajas había obtenido para mantener los empleos.

MM Manufacturing no tiene un solo contrato con el Departamento de la Defensa para la confección de uniformes militares, según la base de datos del Departamento de Estado.

La Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos del Senado, presidida por Lucy Arce, descubrió todo en unas vistas públicas, pero nunca se hizo ningún referido.

“Surge de la vista que Pridco incentivó en $1.2 millones a Propper... el representante de Pridco no pudo precisar si Propper cumplió o no con el acuerdo y si Pridco, en caso de que Propper no haya cumplido, recuperó el dinero”, revela el primer y único informe de la comisión, que además fue aprobado por el cuerpo en junio de este año.

No fue posible conseguir una reacción de Pridco ante el informe y las denuncias.

Propper, una empresa fundada en Misuri, es el mayor contratista del Departamento de la Defensa, con presencia en múltiples países.

Hasta mayo de este año, sus sucursales ocupaban 33 edificios de Pridco, por lo que ni siquiera ha invertido en levantar infraestructura.

En el 2006, recibieron una exención contributiva de 75% para las diversas patentes municipales y solo entregaron un 2% de sus ganancias a Fomento Industrial.

La demanda incoada en el Tribunal Superior de Mayagüez por empleados de las diversas plantas establece que la empresa no cumple con las leyes locales, empezando por no dar nueve días, mínimos, por enfermedad.

El abogado Víctor Vélez, director de organización del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), dijo que las cartas de cesantías enviadas por Propper esta semana a más de 1,000 empleados de Mayagüez y Cabo Rojo es una nueva maniobra “incomprensible” ante los millones en incentivos que se han echado al bolsillo y criticó que el Gobierno aparentemente no les ha pedido cuentas.

Llamadas de Primera Hora a tres ejecutivos de la empresa, José Mahía, Raúl Pérez y Johan Sandoval para que reaccionaran nunca fueron respondidas.

Empleados que no se quisieron identificar y Vélez esbozaron que las cartas podrían ser una estrategia para ejercer presión y mover toda su fuerza laboral a las nuevas edificaciones que quieren establecer en Cabo Rojo sin reconocer antigüedad a los empleados, o para no tener que cumplir con el otorgamiento de los días por enfermedad.

“Lo que no entendemos es por qué Pérez-Riera dice que las cesantías (en Mayagüez y Cabo Rojo) podrían ser temporeras. Nos parece que no está evaluando el récord nefasto de esta compañía y que toma esto de forma muy relajada. ¿Cómo un trabajador no se va a preocupar de que su trabajo esté bajo amenaza?”, criticó.