La propuesta reducción de un 30 por ciento en las tarifas de los proveedores como lo contempla el Plan de Salud del Gobierno (PSG) redundaría en un problema al acceso a los pacientes medico indigentes de los servicios adecuados y afectaría negativamente a la industria que ofrece esos servicios.

Así lo advirtió la recién creada Coalición de Salubristas y Pacientes integrada por las organizaciones que representan a los radiólogos, dueños de laboratorios, optómetras y las cooperativas de farmacias, quienes plantearon durante una rueda de prensa que el gobierno no discutió con esos sectores ni ha justificado con un estudio profesional los propuestos cambios.

Durante la rueda de prensa no estuvo presente ninguna organización en representación de los pacientes, sin embargo, la coalición espera que próximamente se les unan otras entidades.

Durante las próximas dos semanas, estas entidades esperan que la Comisión de Salud del Senado, Ángel “Chayanne” Martínez, quien es radiólogo de profesión, les de audiencia en las vistas públicas convocadas para investigar las negociaciones entre el gobierno y las aseguradoras ante las posibles reducciones en las tarifas del nuevo modelo del PSG y el impacto que pudiera tener en los pagos a proveedores.

De su lado, Heriberto Ortiz, representante de la Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas (COPHARMA) sostuvo que el gobierno no fiscaliza a las aseguradoras, las cuales les imponen unas cláusulas de mordaza que les impiden explicarle al paciente las irregularidades del sistema y si lo hacen les cancelan el contrato.

“Todos los proveedores hemos asumido nuestra responsabilidad y hemos dado del ala, como se dice en buen puertorriqueño, pero yo creo que hay un basta, ya no se puede más, y no se puede porque los aseguradores están matando la eficiencia de los proveedores y ¿cómo se traduce la eficiencia de los proveedores? Pues tienen que reducir el personal, si abro o doy servicio hasta las seis de la tarde, pues tengo que abrir hasta las dos de la tarde porque no puedo continuar con los gastos operaciones, no se puede”, manifestó Ortiz.

Alba Rivera, presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos, cuestionó las razones que tiene el gobierno para tomar una decisión que no está basada en sus costos y gastos operacionales.

“La pregunta sería si esta decisión de reducir las tarifas a los servicios ancilares ¿es una decisión arbitraria o está basada en un análisis de costos, de gastos que han tenido las aseguradoras y el plan de reforma el año pasado?, esa es la información que estamos buscando. ¿En qué se basan para tomar esa decisión?, estamos en el limbo”, expresó Rivera.

De su lado, la presidenta del Colegio de Optómetras de Puerto Rico (COPR), Sandra Vélez Colón, expuso que los cambios no solo implican reducción en sus ingresos, sino que supone exclusiones en los servicios de salud visual o la eliminación de beneficios, por lo que propuso crear un sistema uniforme en procedimientos y tarifas debido a que, con el nuevo modelo del seguro de salud del gobierno, el paciente podría elegir el proveedor de su preferencia entre las aseguradoras que ofrecen estos servicios.

La Dra. Sandra Arroyo Ferrer, en representación de la junta de directores de la Asociación de Centros de Radiología en Puerto Rico que tiene a un 60 por ciento de los proveedores afiliados habló sobre los gastos exorbitantes para la adquisición y el mantenimiento de los equipos especializados, en la facturación del servicio de energía eléctrica y las acreditaciones, entre otros, indicó que las tarifas de las aseguradoras a penas les alcanzan para cubrir estos costos.

“Entendemos que más centros radiológicos se van a cerrar, menos servicios se van a dar, especialmente en la radiología, ¿qué servicio de alta tecnología vamos a ofrecer a nuestros pacientes en el presente y el futuro para una buena medicina que para eso es que nosotros fuimos entrenados”, afirmó Arroyo Ferrer.

También indicaron que en el año 2016, CMS (Center for Medicare and Medicaid Services) concluyó que las tarifas pagadas en Puerto requerían un ajuste para reflejar el costo real de prestar los servicios en la isla y aumentó las tarifas en el 2017 y 2018.  Sin embargo, las aseguradoras que ofrecen las cubiertas de Medicare Advantage en Puerto Rico no quieren reconocer ese aumento.