Puerto Rico discute por primera vez en la Legislatura una ley que propone permitir a los enfermos terminales administrarse un fármaco que les ayude a tener una muerte digna, una posibilidad contemplada ya en cinco estados de Estados Unidos. 

La Cámara de Representantes ha iniciado esta semana el debate sobre el proyecto 2258, presentado por el legislador Ángel Matos (del Partido Popular Democrático), con una serie de vistas previas en las que se han podido escuchar opiniones a favor y en contra.

La idea es regular desde una perspectiva conservadora el suicidio asistido, con la intención de que un médico pueda recetar un medicamento letal a una persona que cumpla con ciertos requisitos, para que esta se la administre y controle así el momento de su muerte.

Sólo tendrían este derecho quienes se encuentren en la etapa final de una enfermedad o condición médica incurable e irreversible y siempre que un médico prevea que su muerte en los próximos seis meses.

Se trata por tanto de algo muy diferente a la eutanasia, que por ejemplo es legal en Suiza y consiste en permitir que alguien pueda ayudar a otra persona a morir para así evitarle un sufrimiento, algo que en la mayor parte del mundo constituye un delito.

La cuestión de facilitar una muerte digna también está regulada en distintos grados en otros países de Europa, así como en Colombia y Argentina.

En EE.UU., Oregón, Vermont, Washington, Nuevo Méjico y Montana permiten la prescripción de fármacos para que sea el propio afectado el que se la administre, tal y como se propone en Puerto Rico.

California también lo está estudiando, después de que Brittany Maynard, una joven californiana de 29 años que sufría un cáncer cerebral, se mudara a Oregón para acabar con su vida el pasado noviembre ingiriendo una dosis letal de una medicina.

Aunque en Puerto Rico ya se habían presentado sin éxito propuestas para regular el término de la vida de personas con muerte cerebral, hasta el momento ninguna tenía este enfoque.

La actual propuesta, presentada en diciembre pasado -aunque hasta ahora no se había empezado a discutir-, llegó poco después del caso de Maynard y estaría limitada a mayores de 21 años.

Se deberán presentar dos solicitudes escritas con al menos quince días de separación y con el aval de dos testigos que aseguren que el paciente actúa libremente y en plenas facultades mentales.

En las vistas de esta semana participó el Comité Legal de la organización Humanistas Seculares de Puerto Rico, que defiende que "las personas tienen derecho a determinar cómo van a morir, tanto aquellas que determinan continuar con un tratamiento, como aquellas que determinan terminar con su vida".

"Este proyecto lleva a la persona a tomar una decisión racional luego de un análisis ponderado. No es obligatorio, sino una herramienta para aquellas personas que así lo determinen puedan terminar con su vida", afirma.

Entre las voces en contra destaca la de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), que entiende que la ley es contraria a la misión y a los códigos de ética de sus profesionales, y presentar serios riesgos sociales.

Esta agrupación aboga por incentivar el desarrollo de los cuidados paliativos, que son el alivio del dolor y los síntomas del paciente en sus últimos días de vida, así como el apoyo a sus familiares.

"Si una sociedad comienza con lo que se conoce como suicidio asistido, pudiera llevar a que se contemple la eutanasia", advierte, en línea con la opinión expresada también por agrupaciones religiosas.

La Asociación de Hospitales de Puerto Rico reconoce no haber logrado un consenso, al tiempo que la Asociación Pro-Vida de Puerto Rico califica la iniciativa de "un asalto a la cultura de la vida".

"El paciente con condiciones terminales grita por ayuda: alivio físico, compañía y alimento espiritual. Su grito es de dolor, temor y soledad, no de auto exterminio", afirma esta organización, que se manifestó esta semana ante el Capitolio donde se debate la medida.

"Este proceso no es para las personas que tengan una profunda convicción de fe. Ellos seguirán rezando por su milagro, y eso lo respeto, pero también merecen respeto las personas que se quieren ir de forma tranquila sin pasar por el dolor'", dijo al respecto el impulsor de la medida, quien reconoce que una sociedad necesita de cierta madurez para aprobar una medida como esta.