Realizarán vigilia en repudio a nueva reforma al Sistema de Retiro

Por Gerardo Cordero / gerardo.cordero@gfrmedia.com 03/27/2013 | 04:55 p.m.
Durante su "manifestación pacífica", los portavoces anticiparon que esperan el compromiso público de al menos "cinco valientes de la mayoría" parlamentaria. (gerald.lopez@gfrmedia.com)  
Portavoces de los trabajadores dejaron entrever que varios representantes populares del sur y el oeste tienen reparos a lo dispuesto en el proyecto enmendado.

Un boleto de ida a la miseria es lo que implica la propuesta anunciada esta semana por el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, para reformar el principal sistema de retiro de los empleados públicos, según estimaron hoy líderes de sindicatos que han constituido una alianza para frenar la aprobación de esa medida.

 Los directivos de uniones que representan a miles de empleados públicos anunciaron en conferencia de prensa que retomarán una intensa jornada de cabildeo el 1 de abril, cuando también realizarán una manifestación y vigilia frente al Capitolio para repudiar el "modelo híbrido" de pensiones defendido por Bhatia.

Además, anticiparon que si esa medida llegara a convertirse en ley, acudirán a los tribunales para impugnarla porque entienden que supone un incumplimiento del contrato de pensiones establecido entre el gobierno y los trabajadores.

"En vez de atender el problema de solvencia (del Retiro) se considera hacer cambios que desmantelarán el sistema de pensiones y esto afectará dramáticamente a nuestros servidores públicos, quienes recibirán las pensiones de hambre y miseria del mañana", dijo Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU), representante sindical de 12 dependencias estatales.

González opinó que "lo más lógico" ante el reto de la crisis que implica el déficit actuarial de $35,000 millones en el Sistema de Retiro es que la Legislatura apruebe primero las medidas para allegar fondos adicionales al mismo y luego determinar qué cambios estructurales implantar en el mecanismo que ha operado por décadas para otorgar las pensiones a la mayoría de los servidores públicos.

Asimismo, recordó que SPU y otras uniones presentaron alternativas a la crisis y se pronunciaron en contra del modelo híbrido desde el 21 de marzo. Sin embargo, su postura no fue consignada en un primer informe de comisión que recomendó la aprobación del proyecto de ley sometido por La Fortaleza.

Barril sin fondo

"El sistema híbrido congela las pensiones al 30 de junio y propone un barril sin fondo con aportaciones que dependen de la administración de ese sistema", dijo González al plantear que esa cuenta de ahorro propuesta como opción para los futuros jubilados no conlleva aportaciones patronales y se trata de "una anualidad a largo plazo" que supone incertidumbre económica para los trabajadores.

A la cuenta del empleado, habría que descontarle los costos de mantenimiento y el seguro, agregó González, acompañada por Edwin Rivera, portavoz de la United Auto Workers (UAW), que representa a los empleados de comedores escolares y otros trabajadores estatales, así como por José Acarón, director estatal de la Asociación de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés), entidad que defiende a los trabajadores mayores de 50 años.

Rivera, por su parte, reclamó transparencia a las ramas ejecutivas y legislativas porque "se han negado a ofrecer los documentos actuariales" que permitan a los sindicatos aportar en el proceso de afinar una reforma adecuada al Sistema de Retiro. El portavoz de la UAW opinó que aún "están a tiempo para hacerlo", pero no llevando de forma atropellada a votación una medida resumida brevemente por Bhatia. Según el presidente del Senado la medida iría a votación entre lunes o martes próximo.


Al reclamo de SPU, UAW y AARP, que en alianza convocaron a una protesta y vigila el 1 de abril - cuando esperan "llenar las gradas" de los hemiciclos procurando frenar la legislación anunciada por Bhatia- , se unió también José Rodríguez Báez, presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico.

Cinco héroes nacionales

Durante su "manifestación pacífica" convocada para este lunes, los portavoces de la SPU, UAW, FTPR y AARP, anticiparon que esperan el compromiso público de al menos "cinco valientes de la mayoría" parlamentaria anunciando que van "a votar a favor del pueblo de Puerto Rico".

"Serán héroes nacionales", opinó Acarón, esperanzado en encontrar receptividad legislativa que evite un pleito judicial por violación al derecho contractual de las pensiones.

Cuando Bhatia anticipó ante la prensa la esencia de la medida administrativa enmendada, no estuvo acompañado por miembros de la Cámara de Representantes, pero a preguntas de reporteros al respecto, dijo que la pieza legislativa modificada tenía el respaldo de la Cámara y La Fortaleza.

González, por su parte, puntualizó que, "vamos a pasar factura" a los legisladores, como ocurrió en 2012 con la Ley 7, si se concreta el "atropello" contenido en el proyecto del "modelo híbrido". Mientras, Acarón precisó que "lo que no es bueno en Arizona, no es bueno en Nueva York, ni en Puerto Rico". Se refirió a proyectos similares encaminados en Estados Unidos, pero frenados en corte por los trabajadores.

Acarón y Rivera dijeron que sus organizaciones trajeron actuarios y otros peritos desde Washington con la intención de revisar en detalle la situación del Retiro y proponer alternativas dignas para los obreros, pero el Banco Gubernamental de Fomento no les entregó la información solicitada de forma reiterada para realizar su análisis técnico.

En tal sentido, denunciaron que "la transparencia prometida" por el nuevo Gobierno ha estado ausente, lamentaron que carezcan de una copia del proyecto enmendado para poder discutirlo de forma ponderada y concluyeron que eso aumenta una incertidumbre contraproducente en miles de empleados públicos.

Además, Acarón desmintió a Bhatia por implicar que las pensiones con beneficios definidos son cosa del pasado porque, según datos de AARP, en "Estados Unidos, el 80% de los empleados gubernamentales están en un sistema de pensiones o de beneficios definidos y un 17% de los empleados en la empresa privada".

Análisis ley por ley

La SPU entregó a periodistas un análisis de las implicaciones del "modelo híbrido" para los empleados públicos tomando en cuenta si les aplica la Ley 447 de 1951, la Ley 1 de 1990 o el estatuto conocido como Reforma 2000.

En el caso del personal cobijado por la Ley 447, ese sistema "congela los beneficios de retiro acumulados hasta el 20 de junio de 2013 y se computará la pensión a base de lo acumulado hasta esa fecha". El análisis del sindicato planteó como ejemplo que un empleado con salario de $2,200 mensuales recibiría pensión de $429.

Recalcó que a partir del 1 de abril, de aprobarse la nueva versión del proyecto sobre el Retiro, la aportación de ese empleado irá a un sistema de ahorro en el cual solo recibirá los intereses que devengue dicha cuenta.

Para los empleados cobijados por la Ley 1, la SPU hizo las mismas observaciones que para los amparados por la Ley 447, pero para los trabajadores de reclutamientos más recientes, a quienes les aplica la Ley Reforma 2000, destacaron que recibirían "solo una anualidad que se pueda adquirir con el balance de las aportaciones bajo el Programa de Cuentas de Ahorro y las que acumule bajo el programa híbrido de contribución definida".

La Ley 447 cubre los empleados desde 1951 hasta 1989, la Ley 1 a los nombrados desde 1990 hasta 1999 y los restantes empleados están cobijados por Reforma 2000. Según el Senado, la propuesta reforma impactaría a 131,361 trabajadores estatales que excluye los maestros del sistema público, así como a los jueces. Sin embargo, está en suspenso otra legislación para realizar ajustes en el sistema de pensiones de esos servidores públicos.

El análisis sindical plantea que la nueva propuesta supone un aumento en la edad de retiro de hasta 12 años adicionales para esos 131,361 empleados y en el caso de los cobijados por la Ley 1 destacó que si al 30 de junio la persona tiene 63 años debería laborar hasta los 67 para retirarse. A los que les ampara la Reforma 2000, la SPU estimó que un empleado con 56 años al presente tendría que retirarse a los 64.