El uso del español como idioma oficial vuelve al debate público, y en esta ocasión a través de un proyecto presentado por la senadora María de Lourdes Santiago, que busca derogar la ley que en 1993 extendió tal distinción al inglés.

La medida radicada el viernes por la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) dispone que se ordene el uso exclusivo del español en gestiones gubernamentales, y en “actividades escolares, profesionales, comerciales industriales y de otra índole”.

“Es un tema que naturalmente está vinculado a nuestra identidad, a nuestra condición política, y en un momento en el que se abren las puertas para el diálogo en torno al estatus tras la victoria del 'no' en las elecciones, me apreció especialmente pertinente hacer de nuevo ese planteamiento”, sostuvo la legisladora este domingo en entrevista con este medio.

Santiago planteó, además, que en esta coyuntura el Partido Popular Democrático (PPD) está nuevamente al mando, y fue bajo la administración popular de Rafael Hernández Colón que en 1991 se aprobó una ley que reconoció el español como único idioma oficial en la Isla.

Esa legislación tuvo una vigencia muy breve, pues dos años más tarde, el gobierno de Pedro Rosselló firmó un nuevo estatuto para disponer que tanto el español como el inglés serían los idiomas oficiales y podrían utilizarse indistintamente.

Sin embargo, Santiago reconoció que tiene pocas esperanzas de que el gobernador Alejandro García Padilla siga los pasos de Hernández Colón respecto a este asunto.

“Estoy haciendo ese emplazamiento con limitadas esperanzas porque me parece que, contando ahora con un gobernador que representa el colonialismo más clásico y con posturas que colindan con las del anexionismo, para él, el asunto de la identidad, no es una prioridad”, afirmó.

De aprobarse el proyecto de ley radicado por Santiago, el español sería el único idioma que se utilizará en todas las oficinas de las tres ramas de gobierno. Podría usarse otra lengua en transacciones y documentos oficiales, solo si media una autorización expresa del gobernador.

El proyecto derogaría la Ley 1 de 1993 ratificada durante la primera administración de Rosselló, pero aclara que sus disposiciones no se “interpretarán en menoscabo de la enseñanza del inglés como segundo idioma en las escuelas o en las instituciones educativas del sistema de educación pública”.

En su exposición de motivos, la medida hace referencia as una investigación legislativa impulsada por el senador Antonio Fas Alzamora durante la pasada década, que recomendó, entre otras cosas, que se evaluara la posibilidad de elevar a rango constitucional el uso del español como idioma oficial para sacar el tema de los vaivenes políticos provocados por los cambios de gobierno.

Santiago indicó que ese aspecto podría analizarse durante la consideración de su proyecto, pero afirmó que en estos momentos esa no debe ser la prioridad.

“Lo fundamental es traer el recordatorio (sobre el tema del idioma), independientemente de cuál va a ser la consecuencia jurídica porque aquí andamos siempre en una línea divisoria fina entre lo jurídico y lo político. La mejor muestra es que tenemos los dos idiomas oficiales, pero la gente no habla inglés. Legislar o que sea rango constitucional no es lo que hace determinante la cotidianidad de la gente”, puntualizó Santiago.