La violencia doméstica está generalizada en Puerto Rico y en los residenciales públicos, como también sucede en el resto del País, deben ser muchas las mujeres que aunque son agredidas se lo callan.

Urge identificarlas y tomar todas las medidas que sean necesarias para protegerlas y evitar que sus vidas y las de sus hijos sigan en estado de peligro.

Que tomen la decisión de denunciar al agresor podría ser un paso más, pero para todo eso es importante que la comunidad primero las identifique, las oriente y las defienda.

¿Quién mejor que los vecinos?

Si la comunidad y los empleados del agente administrador de los residenciales públicos en Puerto Rico se capacitan para lidiar con los casos de violencia doméstica, ellos pueden convertirse en una pieza clave de la lucha para erradicar ese mal en los complejos de vivienda pública.

La Oficina de la Procuraduría de las Mujeres y la Administración de Vivienda Pública decidieron unir esfuerzos precisamente para eso: para proveerles talleres a ambos grupos -a los residentes y a los empleados-, de modo que puedan iniciar una red de apoyo y consejería, en y fuera de los caseríos.

La idea, indicaron la procuradora Wanda Vázquez y el administrador de Vivienda Pública, Gabriel López Arrieta, es que desde los residenciales se dé el ejemplo, que los residentes y el personal que se capaciten vayan enseñando a otros.

“Hay que darles herramientas a todas las personas para que sepan cómo canalizar la ayuda cuando se enfrentan a casos de violencia doméstica. Mientras mejor preparados estén, más incidentes y muertes vamos a evitar”, dijo López Arrieta.

El primer taller de capacitación ya tiene fecha: el próximo 19 de septiembre en la Hacienda El Jibarito, en San Sebastián, y va a reunir a los líderes de los residenciales del oeste.

Si se trata de violencia doméstica, ¿por qué no invitar a los talleres a las presuntas víctimas? Sencillamente porque es poco probable que ellas acudan. Las víctimas sobreviven en un círculo de terror y en medio de ese ambiente es obvio que no van a querer que su pareja sospeche siquiera que ellas están dispuestas a defender sus derechos.

De otro lado, Vázquez y López Arrieta ansían que los talleres se les llenen de hombres, de hombres sensibles que quieran darles la mano a las mujeres que se refugian en el silencio y no dicen ni una palabra de su verdad.

Uno de los temas que se va a abordar en el taller del día 19 es cómo se identifica a las víctimas del atropello.

“Les vamos a hablar de los aspectos sicosociales de la violencia doméstica; de cómo se manifiesta; de por qué las víctimas reaccionan de determinada manera; de por qué muchas veces no quieren reportar la agresión y por qué defienden a su victimario”, dijo Vázquez.

En el taller, los empleados de Vivienda Pública y los residentes van a ser aleccionados de cómo se les diseña un plan de seguridad a las víctimas y a dónde ellas tienen que recurrir para conseguir apoyo y albergue.

Dar con estas mujeres debe resultar más fácil para un vecino, al que ellas le tienen confianza.

Saber cómo abordarlas requiere de mucho tacto y sensibilidad y ese conjunto de estrategias también van a ser abordadas en el seminario.

López Arrieta dijo que las situaciones de violencia de género en los residenciales se han estado atendiendo por los trabajadores sociales de Vivienda Pública, pero reconoció que estos son itinerantes.

Vivienda Pública también les da preferencia a las víctimas de violencia doméstica cuando se da la asignación de los apartamentos y también existe reglamentación que provee para el traslado de las personas agredidas a otros complejos residenciales si estas lo solicitan por su seguridad.

¿Qué pasa con esa mujeres luego? No siempre se sabe, dijo el funcionario, quien sostuvo que las estadísticas tampoco arrojan mucha luz sobre la incidencia de este tipo de casos.

El año pasado, 268 residentes de vivienda pública informaron que atravesaban por una “situación de inseguridad”. De estos, 52 dijeron que la causa era violencia doméstica.

En cuanto a las solicitudes de vivienda pública que se justificaron con querellas de violencia de género, los datos arrojan que el año pasado llegaron a las 333.

Vivienda Pública pudo concederles 162 a esas víctimas, porque hay otros grupos poblacionales que también tienen preferencia.

Nadie sabe cuántas agresiones verbales o físicas se dan en los residenciales, como tampoco se sabe cuántos golpes e insultos se dan entre las parejas pobres, ricas o de clase media.