Engañados y en el limbo.

Así se siente la comunidad desplazada de Las Gladiolas en Hato Rey, que a siete años exactos de ver caer las cuatro torres del complejo residencial siguen sin un techo permanente.

Igual situación tienen los que fueron inquilinos del residencial Puerta de Tierra en San Juan, que también fue demolido.

Los líderes comunitarios Jonathan Colón Reyes, de Puerta de Tierra, y Mirta Colón Pellecier, presidenta de la Asociación de Residentes Gladiolas Renace, denunciaron ayer “los engaños, mentiras y falsedades” de las que han sido víctimas. 

Colón Pellecier recordó que, desde agosto pasado, comenzó la entrega de documentos para ser parte del nuevo proyecto en Hato Rey, Renaissance Square.

El desarrollo integrará a familias de diversas composiciones sociales bajo el programa de Sección 8; subsidios de Vivienda Pública; rentas subsidiadas; créditos contributivos federales y alquiler privado.

En febrero pasado, la líder comunitaria anunció gozosa a Primera Hora que algunos vecinos y ella recibieron una carta del desarrollador McCormack Baron Salazar -quien administra el proyecto bajo el nombre de McCormack Baron Management- que los cualificaban para el nuevo complejo de viviendas.

“Nos reúnen en marzo o abril de este año y se nos indica que la carta es pre-cualificación… (Nos dicen):  es que ustedes ninguno ha sido aceptado”, denunció la líder comunitaria sobre lo que dijo resultó ser una pre-cualificación para el área de antecedentes penales y crédito.

Ahora, dijo, es que inició la entrega de los documentos para la pre-cualificación “en el área de ingresos”.

Fue precisamente tras la entrega de esos papeles, por parte de algunos vecinos, que Colón Pellecier se alarmó ante la posibilidad de que se penalizen a los que trabajan.

Según informó, 17 familias del complejo original quedarían fuera porque según las tablas de ingresos no cualifican para vivienda pública u otro proyecto con subsidio. Tendría que entrar bajo vivienda privada.

Presentó el caso de la pensionada Angelina Meléndez, de 69 años, que recibe $1,200, entre Seguro Social y Retiro.

Según las tablas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), Meléndez no cualifica porque está por encima de los ingresos, pero sí para un apartamento privado de una habitación, a $600 mensuales.

Lo mismo le pasa al líder recreativo Cristóbal Berroa, quien cobra $8 la hora por 40 horas.

“¿Cómo es posible que puedan vivir en un residencial de Vivienda Pública -sin estar ocultando información- con ese ingreso actual, pero ahora no puedas tener el estatus de residente de Vivienda Pública ni de plan ocho…?” en el nuevo proyecto mixto, cuestionó Colón Pellicier, quien agregó que, bajo el parámetro establecido, “una persona sola que trabaje 40 horas a $7.25 la hora, no cualifica para ingresar”.

Además, el líder comunitario de Puerta de Tierra dijo que ellos también siguen en el limbo porque siguen sin un techo seguro.

“Estamos vigilantes y denunciando porque queremos que se cumpla con el mismo compromiso que se hizo con la primera fase, independientemente que el concepto del proyecto sea diferente”, indicó Colón Reyes sobre los primeros vecinos que fueron reubicados en un proyecto en Puerta de Tierra bajo Vivienda Pública.

Sin embargo, aún quedan unas 60 familias que serían ubicadas en la segunda fase del proyecto de realojo.

Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló, a preguntas de la prensa, le garantizó a Colón Pellicier “que lo que se estableció como compromiso de hacer estas viviendas de ingresos mixtos... se va a cumplir”.

Mientras, Daniel Acosta, vicepresidente de McCormack, cuando Primera Hora le solicitó una reacción, dijo por escrito que “no tenemos comentarios en estos momentos”.