Ante la sospecha sobre un alegado conflicto de interés en el Municipio de San Juan, el representante Jorge Navarro Suárez solicitó que se investigue la contratación de una compañía que ofrece servicios de salud a la población de la capital.

A esos efectos, el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó una resolución que ordenaría a las comisiones camerales de Salud y de Seguridad Pública y para el Desarrollo de Iniciativas contra el Crimen y la Corrupción a investigar la contratación de la compañía GDD Healthcare Solutions, a la que le atribuyó vínculos con el subdirector del sistema de salud de la Capital, Gilberto González.

Navarro Suárez denunció este domingo que la empresa fue contratada el 14 de mayo pasado por la cantidad de $135,000, y el 17 de julio el acuerdo fue enmendado para elevar el monto a $600,000.

Navarro dijo que, entre otras cosas, interesa conocer los motivos de ese ajuste al contrato.

"Aunque reconocemos la autoridad que tiene el Municipio de San Juan para suscribir aquellos contratos que entienda pertinentes, siempre tienen que perseguir un fin público", sostuvo el representante durante una rueda de prensa en su oficina legislativa.

No fue posible obtener una reacción inmediata del Municipio de San Juan.

El conflicto, según Navarro Suárez, radica en que la agente residente de GDD Healthcare Solutions es hija de una excompañera de trabajo del subdirector del sistema de salud de la Capital. Aunque el legislador afirmó que "debe existir" una amistad entre ambos debido a los 10 años de supuesta relación profesional, no proveyó información que confirme ese vínculo.

La excompañera de trabajo también se desempeñó, entre el 2011 y 2012, como principal oficial ejecutivo de la empresa contratada, dijo el representante del Distrito 5, que incluye zonas de San Juan.

"Este contrato levanta graves sospechas que entendemos deben ser investigadas", insistió.

Navarro Suárez advirtió que, si la Cámara de Representantes no atiende la resolución de su autoría, referirá el caso ante la atención de la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia.