Cada vez con más frecuencia, los jueces del Tribunal Federal incluyen en sus sentencias términos y horas de servicio comunitario para convictos no violentos, no con un fin punitivo, sino como una herramienta para su rehabilitación y resarcimiento social.

Es la visión de la jueza presidenta del Tribunal Federal del distrito de Puerto Rico, Aida M. Delgado, quien confesó que hace años comenzó una “campaña” con los demás jueces para imponer horas de servicio comunitario “para completar el proceso de rehabilitación”. Como parte del esfuerzo, se les instruyó a los oficiales probatorios a sugerirlas en las recomendaciones en sus informes presentencia.

“Casi todos los jueces, cuando es un candidato viable, lo están incluyendo”, estimó Delgado. Es así, aunque no hay reglas que indiquen que en unos casos se deba imponer y en otros no, según estableció el jefe de la Oficina de Probatoria Federal, Eustaquio Babilonia.

“Es condicional en casos de probatoria o libertad supervisada (término que convictos sentenciados a prisión tienen que cumplir una vez salgan de la cárcel) que el juez tiene discreción para imponerla en algunos casos, las horas y el término dentro de las que deberán cumplirlas. Sí se evita en casos de ofensores sexuales por la naturaleza del delito y porque es sensitivo dónde ponerlos a trabajar que no vayan a tener contacto con menores. También se considera su salud mental”, destacó Babilonia, quien dirige dicha oficina desde 2001.

La jueza presidenta agregó que en casos de “extrema violencia” tampoco se recomiendan. “Si es un riesgo a la comunidad, no lo voy a poner a realizar servicio comunitario porque puede agregar al factor de riesgo. Es para que le ayude en su rehabilitación y resarcimiento social, no para ubicarlo en un lugar que pueda representar un riesgo. Se evalúa caso a caso”, señaló Delgado.

Para cumplir con estas sentencias, un oficial probatorio ubica a los convictos en algunas de las organizaciones sin fines de lucro o municipio con los que ha establecido acuerdos a esos fines. Toma en consideración el lugar donde vive, sus destrezas e intereses y la naturaleza del delito. El proceso de ubicación puede tomar hasta tres meses. 

Ellos (las organizaciones y los municipios) se encargan de darles las tareas que determinen que necesitan la labor. Por ejemplo, municipios determinan si los ponen a hacer trabajo de ornato o administrativo, donde los necesiten. El servicio es gratuito”, dijo Babilonia, quien destacó que actualmente hay 273 convictos ya ubicados realizando servicio comunitario.

Si cometió un delito de fraude bancario, no se va a ubicar en un banco o compañía de contabilidad. En los casos de (corrupción) del Departamento de Educación, como ejemplo, las condiciones incluyeron servicio comunitario y tenían que ir a universidades a dar charlas sobre cómo no ser tentados a cometer actos de corrupción. Igual ocurre con algunos casos de drogas, que van a escuelas a dar charlas sobre los problemas de la adicción como personas que han pasado por eso”, mencionó la jueza.

Para asegurarse que los participantes cumplan con las horas, los oficiales probatorios entregan unos formularios a la entidad o al municipio que son firmados tanto por el supervisor como por el convicto, y se lleva un conteo electrónico de las horas que trabajan para asegurarse que cumplió y que no hubo violación de condiciones.

“Si no cumplen, hay que ver la razón. Se trae ante el tribunal, puede ser que le revoquen la libertad supervisada o la probatoria, o la extienda o le rebaje las horas si hubo una razón de salud o algo meritorio”, aclaró Babilonia, y agregó que si hay que moverlos a otro lugar, se evalúa y se hace de ser necesario.

“Si consiguió un trabajo a tiempo completo y le faltan horas por cumplir, pero está trabjando, eso sopesa. Si no hizo las horas pero está estudiando, se le compensan. La idea es que la persona progrese. No lo quiero vagueando. Que se mantenga ocupado”, subrayó Delgado.

Beneficioso para todos

Ambos funcionarios plantearon que, en algunos casos, muchos de los convictos que hacen servicio comunitario terminan siendo empleados por la entidad o el municipio con el que cumplieron su sentencia. 

“Esto les da estructura, especialmente a personas que nunca han trabajado. Les enseña disciplina y valor por el trabajo”, indicó Babilonia, a lo que la jueza añadió que también los ayuda a desarrollar su autoestima “y que vean que pueden contribuir y hacer algo diferente”.

“Esto trae beneficios colaterales, especialmente con la economía como está. Es mano de obra gratis”, dijo la jueza.

A pesar de que las personas comienzan en el programa con duda o resistencia, Delgado aseguró que muchos se envuelven y promueven que otros lo hagan. Recordó que recientemente fue al Jardín Botánico y se encontró con una joven que había sentenciado hacía tiempo y que ahora trabaja allí realizando labores administrativas.

“Si caen en un sitio que les encanta, se quedan. Les da propósito”, concluyó Delgado.

“Es bien chévere dar el corazón”

El tedio de escuchar una sentencia de horas de servicio comunitario se transformó para Mario y Luis -nombres ficticios para proteger sus identidades- en una oportunidad para retomar sus vidas luego de una convicción criminal.

Mario fue sentenciado el 4 de abril de 2010 por la jueza federal Carmen C. Cerezo a cumplir cinco años de cárcel, ocho años de libertad supervisada y 420 horas de servicio comunitario por un caso de narcotráfico. El joven de 34 años fue arrestado en 2008 junto con una organización de más de 70 acusados. Salió de prisión en junio de 2012 y comenzó a cumplir las horas de servicio en 2013. Su término de libertad supervisada termina en 2020.

“Para mí ha sido una experiencia bien agradable. He hecho labor comunitaria de mantenimiento en un hogar de niños huérfanos, en Manuel Fernández Juncos. Estuve allí seis meses. Servía comida a los niños. Lo tuve que dejar por mi trabajo. Después pasé al vivero de la Universidad de Puerto Rico y me encanta. Aprendí sobre el cultivo de árboles nativos frutales, plantas medicinales. Llevo un año ahí”, relató Mario, a quien le faltan aproximadamente 159 horas para completar las 420 que le fueron impuestas.

El residente de San Juan contó que quedó huérfano de padre y madre cuando aún era un niño. Más tarde, aunque no era usuario de drogas, deambuló por mucho tiempo y pedía dinero para poder comer.

“No tenía ni comida ni techo, no sabía hacer más nada. El rechazo lleva a uno a hacer otras cosas. La necesidad lleva a otras cosas. No sabía qué hacer”, contó sobre lo que fue el preámbulo de su vida criminal.

“Me ofrecieron (vender drogas) y me metí, hasta que me arrestaron”, expuso el hombre, quien ahora trabaja en mantenimiento en una compañía en Guaynabo y tiene su negocio de jardinería y “handyman”.

No es un castido

Las horas de servicio comunitario que un principio percibió como un castigo, fueron la oportunidad para expandir sus conocimientos y adquirir experiencia. Confesó, comoquiera, que está deseoso por terminarlas ya para dedicarle más tiempo a su negocio, ya que su meta es hacerlo crecer y establecer más adelante un “mini market”.

A los convictos a los que les imponen cumplir horas de servicio comunitario, les aconsejó que “pongan su gran empeño y no lo vean como una carga, ya que es agradable ayudar a otros y deben sacarle provecho”.

Luis, un enfermero de profesión, fue arrestado en agosto de 2013 por conspiración para cometer fraude contra el Medicare. En diciembre de 2014, el juez federal Daniel R. Domínguez lo sentenció a cumplir dos años de probatoria y a realizar servicio comunitario por 200 horas. 

Por su experiencia en el campo de la salud, su oficial probatorio lo ubicó en la Fondita de Jesús, donde atiende a deambulantes, principalmente para tratar sus úlceras. En respuesta, lo llaman “doctor”.

El hombre de 43 años describe la experiencia como “bien chévere”, aunque reconoció que en un principio se sentía avergonzado y pensaba en el qué dirán.\

Ha cumplido cerca de 80 horas.  “Trabajo en salud, pero nunca con gente tan necesitada como estas personas. Es gratificante poner en práctica mis conocimientos. Es bien chévere cuando uno da el corazón y recibes la satisfacción de la gente. Me dicen, ‘gracias, doctor’, cuando no lo soy. Se siente bien”, describió el también terapista físico, quien va una vez en semana a la Fondita. Dice que le gustaría ir más veces, pero su trabajo le ocupa gran parte de su tiempo.

Luis labora desde hace 20 años con un médico que no lo despidió a raíz del caso criminal que enfrentó, por lo que le estará eternamente agradecido. Destacó que el mismo fue por tener aparte un “part time” y “confié mucho y me afectó”.

El residente de Caguas, quien está casado y tiene tres hijos, confesó que una vez termine de cumplir las horas reglamentarias, espera poder ir de vez en cuando a ayudar a la Fondita porque “me gusta estar allí, se pasa bien”.

“Al principio tenía dejadez. Pero después de ver a la gente tan agradecida, de uno poder ayudar, ahora no veo al deambulante como lo veía antes. Mi mentalidad cambió completamente”, agregó Luis.

La experiencia, aseguró, le ha ayudado mucho, especialmente a “no confiar mucho en la gente y a consultar las cosas, no creerme que me lo sé todo”. Ahora quiere sacar más certificaciones como terapista físico para eventualmente tener su propia clínica de terapias.