Colegio de Abogados y directiva del ente están esperanzados en resolver el asunto

El escenario es el siguiente: el programa de servicios de representación legal gratuita para personas de escasos recursos económicos que brinda Pro Bono, Inc. podría verse trastocado si, para el próximo 31 de diciembre, no se identifican los fondos que subsanen la merma económica de sobre $300,000 que tuvo la entidad sin fines de lucro durante el pasado año.

Aunque la presidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassén, prefiere no llamar “crisis” a los problemas que enfrenta el programa, sí admitió -tal como adelantó en exclusiva Primera Hora el pasado lunes- que el presupuesto que recibe Pro Bono se ha visto “menguado”, por lo que no se descarta tomar medidas drásticas que incluyen cesantías de la plantilla de empleados, entre ellos, despedir a la mitad de los abogados que ofrecen los servicios de coordinación en las oficinas centrales.

“No me gusta utilizar la palabra crisis porque parecería que es una situación donde no se están dando servicios o algo por el estilo y me preocupa lo que piense la gente”, expresó de inmediato la licenciada al asegurar que independientemente de lo que suceda los servicios se continuarán dando con el mismo “énfasis”.

Los fondos para financiar las operaciones del programa provienen mayormente de aportaciones de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), fondos asignados por la Legislatura y del Departamento de Justicia.

Sin embargo, la disminución poblacional en el último censo afectó los fondos federales que recibe SLPR, de donde se otorga una partida a Pro Bono. Además, según Rivera Lassén, los fondos otorgados por la Legislatura han ido disminuyendo con los años.

A preguntas de este diario la presidenta del Colegio dijo que el problema que enfrenta la entidad se ha ido estudiando durante un año, en el que se han ido discutiendo con los directivos del programa “varias alternativas” que podrían incluir “hacer ajustes en su plantilla”.

También se evaluarán varios proyectos presentados ante la Legislatura, entre ellos el de la senadora María de Lourdes Santiago, quien radicó una resolución para asignar la cantidad de $300 mil de fondos no comprometidos con el Fondo General.

“No puedo decirte que sucederá o que no sucederá. De aquí a diciembre se tomarán las medidas necesarias siempre pensando en evitar que se afecte el servicio”, agregó.

Habla un afectado

Entre los abogados que ya fueron “advertidos” que serán despedidos de Pro Bono se destaca Alvin Couto, reconocido por su labor probonista en pleitos de expropiación en comunidades como Villas del Sol (Toa Baja) y La Perla (Viejo San Juan).

A juicio de Couto, con los despidos “sí se enfrentará una crisis enorme” pues, según explicó, no se contará con el personal requerido para dar “atención especializada a los clientes, la gente pobre de este país”.

“Decir que los servicios no se van a afectar es un absurdo porque a la medida que se saca gente de la plantilla le estoy poniendo carga adicional a los que quedan... que en este caso serían cinco abogados para los más de 7,500 casos a los que se les ofrecen servicio en toda la Isla”, expresó al agregar que también se vería afectado el programa de mentoría y el de educación continua de Pro Bono, pues su coordinador, el licenciado Víctor Pérez Mejías, también está en la cuerda floja.