La organización Servicios Legales de Puerto Rico puso en vigor un plan de cesantías de empleados para enfrentar “la situación fiscal” que atraviesan, que dejó sin empleo a 56 de sus 288 trabajadores, informó su directora ejecutiva, Hadassa Santini Colberg. 

“Servicios Legales de Puerto Rico, también conocido como el bufete de los pobres, proyecta un déficit presupuestario de casi $3 millones para el año 2016”, se detalló en el comunicado de prensa emitido para anunciar los despidos. 

Según la abogada, “el proceso para llegar a estas determinaciones presupuestarias no ha sido fácil. Nuestro personal es necesario para poder cumplir con nuestra misión, por lo que hemos sido conservadores en la proyección de déficit para el 2016. El mismo ha sido objeto de múltiples consideraciones, criterios objetivos y, en todo momento, ha permeado el norte y razón de ser de Servicios Legales de Puerto Rico: la prestación de servicios a la población más vulnerable de nuestro País”.

Destacó, sin embargo, que el programa ha sufrido una reducción de fondos federales de sobre $8 millones desde el 2010 al presente debido a los ajustes de los niveles de pobreza en la Isla, y otros $522,000 en fondos legislativos para el año fiscal 2015-2016. Según Santini Colberg, la institución se nutre de fondos federales provenientes de la Legal Services Corporation, Fondos Legislativos y diversos fondos de otras fuentes. 

“Ante un recorte tan dramático en los principales fondos que subvencionan este programa, y a pesar de los significativos ajustes ya efectuados en partidas operacionales, la Junta de Directores de Servicios Legales y su comité de finanzas y presupuesto ha impartido directrices para que atendamos de inmediato el déficit presupuestario con planes que en la medida de lo posible, no afecten el servicio directo a la clientela. Luego de proveer toda la información económica solicitada por los sindicatos, esperamos propuestas que nos ayuden a poder atender ese déficit”, señaló.

Abogados unionados objetan los despidos

La licenciada Nydia González, presidenta de la Unión de Abogados de Servicios Legales, afirmó que la determinación de la junta directiva es “apresurada”, y se toma sin que haya certeza del cuadro financiero de la organización sin fines de lucro. La abogada planteó que al sindicato le han suministrado cierta información, pero los datos reflejan algunas “incongruencias”, según el análisis que ha realizado hasta el momento el contador público autorizado y abogado de la unión, el licenciado Daniel Garavito. 

“Tratar de corregir la insuficiencia o el llamado déficit con la nómina es ir destruyendo, poco a poco, el servicio que ofrecemos, la representación legal a los pobres. Porque trabajarlo (el déficit) con la nómina es no dar servicios… Nosotros somos quienes viabilizamos el acceso a la justicia de una población que, de otra manera, no podría valerse en el tribunal”, subrayó la líder sindical.

Precisó que Servicios Legales atiende casos de violencia doméstica, desahucios, ejecuciones de hipoteca, cobro de dinero, custodia, alimentos, entre otras controversias de naturaleza civil. 

“Tenemos estados financieros, inclusive de diciembre de 2014, que indican que había un balance positivo. Para abril (del 2015), se nos dieron unos aumentos (salariales) y todavía en septiembre, los estados financieros de este año daban un balance positivo”, apuntó.

González indicó que la Junta de Directores de Servicios Legales pudo haber anticipado los recortes en sus asignaciones presupuestarias debido a la crisis fiscal y económica, y dijo que no tomaron medidas preventivas ni identificaron fuentes alternas para sustituir esos recursos. Igualmente, expresó que la unión que representa está dispuesta a presentar soluciones, pero recalcó que necesitan tener el panorama financiero claro.

“No hay ninguna urgencia. Hay varios meses de dinero en caja, excepto que los proveedores de fondos dejen inmediatamente de dar los fondos, hay dinero para sentarse uno, dos meses o tres a negociar. Esta decisión es apresurada”, comentó al resaltar que los directivos de la organización supuestamente han dejado muy poco espacio para dialogar sobre la situación. 

González dijo que, de los empleados que serían despedidos, ocho son abogados que prestan servicio directo en los tribunales, sobre 30 son de la Unión Independiente de Trabajadores de Servicios Legales y 12 son gerenciales. Los abogados unionados protestarán este miércoles, a la 1:00 p.m., en contra del plan de cesantías frente a las oficinas centrales de la organización, en la parada 27 de Santurce. 

La abogada indicó que será este miércoles que la Junta de Directores de la entidad se reunirá para aprobar el presupuesto con la millonaria reducción, y sería entonces que se le daría paso al plan de cesantías. Los despidos del personal unionado cobrarían efecto en febrero, explicó González, pues el convenio colectivo dispone que esas determinaciones se tienen que anunciar con 60 días de anticipación.

Servicios Legales de Puerto Rico opera 17 oficinas en toda la Isla, en las que presta servicios en alrededor de 24,000 casos anuales. Se dedican a proveer asesoramiento y representación legal a individuos, grupos y comunidades indigentes.