El Ministerio Público presentó este viernes ocho acusaciones en alzada contra el exvicepresidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Pérez Canabal.

Las acusaciones implican al exfuncionario en un esquema de fraude para otorgar contratos de energía renovable. En octubre pasado, la Fiscalía presentó 10 cargos contra Pérez Canabal, pero una jueza no encontró causa para su arresto.

En esta ocasión, durante el primer señalamiento de la vista en alzada para determinar si hay causa para arresto, a Pérez Canabal se le presentaron cuatro cargos por intervenciones indebidas en operaciones gubernamentales, un cargo de fraude y tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Inicialmente los fiscales imputaron a Pérez Canabal cuatro cargos por intervenciones indebidas, un cargo de fraude y cinco violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, pero la jueza María de Lourdes Camareno no encontró causa para arresto en una vista efectuada el 28 de octubre.

En esta etapa, la vista en alzada la encabeza la jueza Gisela Alfonso Fernández, del Tribunal de San Juan. El contenido de las denuncias presentadas por los fiscales Yaritza Carrasquillo Aponte, Vilmary Rodríguez Pardo, Edwin Ortiz Rivera y Alberto Valcárcel Ruiz, jefe de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, tuvo algunos cambios.

"Hay unos cambios en las alegaciones de las denuncias presentadas y que nos fueron entregadas hoy (viernes). En su momento haremos los planteamientos pertinentes", indicó en corte abierta el licenciado José Andreu Fuentes, quien representa a Pérez Canabal junto a la licenciada Griselle Sepúlveda Chavier.

Contrario a la situación de Pérez Canabal, las acusaciones presentadas contra los coimputados Roberto Torres Torres y Francisco Santos Rivera se quedaron iguales.

Torres Torres era el contable de Pérez Canabal y Santos Rivera abogado de la División Legal de la AEE.

Santos Rivera enfrenta cuatro cargos por intervenciones indebidas en operaciones gubernamentales y tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Mientras, Torres Torres encara un cargo por fraude y cuatro por intervenciones indebidas en operaciones gubernamentales.

Durante la audiencia ante la jueza Alfonso Fernández los fiscales y los abogados acordaron que el proceso judicial se celebrará las tardes del 2 al 5 de febrero, todo el día el 6 de febrero, las tardes del 9 al 12 de febrero y las tardes del 17 al 19 de febrero.

El Ministerio Púbico anticipó que sentará a sobre 30 testigos para tratar de probar su caso.

Fuera de sala, el licenciado Andreu Fuentes indicó que la defensa analizará las alteraciones que el Ministerio Público realizó a las denuncias luego del revés judicial de octubre, para ver si los cambios son para aclarar las mismas o para cambiar las alegaciones originales.

"Lo vamos a estudiar", afirmó.

"No tengo una posición ahora sobre eso", agregó el abogado sobre si las reglas permitían modificar las denuncias.

Los licenciados Juan Ramón Acevedo Cruz y Pedro Santiago representaron a Torres Torres, mientras que los abogados Jorge Gordon Menéndez y José Armando García Rodríguez representaron a Santos Rivera. Ninguno ofreció declaraciones a la prensa a su salida de sala.

El fiscal Valcárcel Ruiz, por su parte, descartó que presentar una treintena de testigos sugiera debilidad en el caso.

"Lo que pasa que cada testigo aporta elementos o hechos de los delitos que se están imputado", apuntó.

También rechazó que planee remover del caso a la fiscal Rodríguez Pardo, quien enfrenta una querella por supuestamente hostigar y amedrentar a uno de los imputados.

"No hay ninguna razón para removerla", afirmó.

"Esa es una estrategia de intimidación contra los fiscales. Estamos notando que en la litigación criminal ya están abundando este tipo de imputaciones cada vez que hacen su trabajo.... Hay una querella en contra, una querella frívola e infundada...", agregó.

Antes de que se presentaran acusaciones en su contra, Santos Rivera presentó ante el Tribunal Supremo y el Departamento de Justicia una querella contra la fiscal Rodríguez Pardo.

"Esos son acciones de desesperación ante una situación de prueba que establece la culpabilidad de estas personas", aseguró Rodríguez Pardo, a pesar de que no prevaleció en su primer intento de probar los cargos.

Según el Ministerio Público, Perez Canabal "ayudó y conspiró" para que la Junta de Gobierno de la AEE viabilizara las resoluciones que permitieron varios contratos de energía renovable con Torres Torres.

Mediante este alegado esquema, los imputados cometieron un fraude que ascendió a $22 millones, de acuerdo a los fiscales.

Los abogados defensores, por su parte, han rechazado las acusaciones contra sus clientes y han insistido en que este caso se radicó por motivaciones político partidistas.