En Puerto Rico puede haber entre 350 y 400 presos que fueron convictos a pesar de ser inocentes.

Ese es el estimado que arrojan estudios realizados entre la población penal, dijo Julio Fontanet, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y quien dirige el Proyecto Inocencia.

“Nosotros entendemos que el porcentaje de casos de personas que son condenadas erróneamente es de entre un tres y un cuatro por ciento, similar a lo que se refleja de los estudios que se han realizado en Estados Unidos”, indicó.

 “Estos casos lo que reflejan es que hay una realidad y es sencilla: el sistema no es perfecto, eso lo sabíamos. Puede haber errores, puede haber problemas, eso hay que aceptarlo. Lo que es preocupante es que uno siente que el sistema le hace bien difícil a un convicto que es inocente poder reivindicarse  y conseguir la anulación de su sentencia”, agregó.

Los estudios también indican que las causas típicas para que una persona inocente acabe presa son: confesiones falsas, errores en la identificación de la persona implicada, la utilización de técnicas investigativas y periciales de poca confiabilidad, negligencia de policías y fiscales, y mala representación legal.

“Todas esas causas han propiciado que en Estados Unidos  se hayan excarcelado más de 200 personas”, indicó.

La confianza

El decano de la Escuela de Derecho enfatizó que la gente no debe darle la espalda al sistema judicial. Después de todo, si hay un 4% de convicciones erróneas, eso significa que el otro 96% de los casos están bien resueltos. 

“Tiene que haber un elemento de confianza. El reto es: cómo creamos un mecanismo para poder identificar ese cuatro por ciento  de los casos, sin contar con una oposición irrazonable e irracional de parte del Estado, que es lo que estamos viendo ahora. Por otro lado, es bien importante y tenemos que preguntarnos por qué acontecieron esas convicciones equivocadas: el sistema lo corren seres humanos y se cometen errores”, destacó.

No son todos

 Para que un alegato de inocencia de una persona presa se impugne ante los tribunales del país, se debe ser muy meticuloso con la prueba.

“Esto requiere de mucha investigación previa, de mucho rigor. Hay que examinar los  expedientes completos de los casos, entrevistar a los abogados que hicieron la representación previamente, por supuesto, entrevistar a la persona para tener un escenario más claro de los méritos del caso”, detalló.

“Para mí  lo más frustrante es la poca receptividad entre el Departamento de Justicia y algunos jueces”, para reconocer cuando hay serias fallas y dudas que ameritan una revisión, dijo el expresidente del Colegio de Abogados.

Lo que se puede hacer

Fontanet aseguró que hay múltiples opciones probadas a nivel internacional que ayudarían a mejorar ese porcentaje de error en los juicios.

Por ejemplo, propone una nueva división dentro del Departamento de Justicia que trabaje especialmente con este tipo de alegaciones.

“Una de las cosas que proponemos, pero que ahora mismo no hay ambiente en el Departamento de Justicia, es que se establezca una división donde uno pueda presentar estos casos a fiscales con experiencia y con mucha sensibilidad, que entiendan que distinto al fiscal Yamil Juarbe, no tiene que defender todas las condenas porque hay condenas que son erróneas”, declaró.

La idea es poder acudir a esa división con suficientes alegatos y evidencia como para que se pueda solicitar la anulación de las penas “sin estar litigando tres o cuatro años un caso donde claramente todo el mundo sabe que la persona es inocente”.

Asimismo, está trabajando junto al legislador popular José Báez unos proyectos de ley para tratar de minimizar el riesgo de acusar a un inocente, incluyendo enmiendas a las Reglas de Procedimiento Penal para que las identificaciones  de los sospechosos sean más confiables y que sea requisito grabar las confesiones  para garantizar que se hacen de manera correcta.

 “Yo quisiera saber cómo fueron las confesiones que hizo Luis Rivera Seijo (imputado de asesinar al niño Lorenzo González Cacho)  y no depender de lo que dice un fiscal o un agente del FBI”, indicó a modo de ejemplo.

También sostuvo que se deben imponer sanciones a fiscales y policías que cometan errores manifiestos.

Fontanet espera que esas ideas se puedan afinar y presentar antes de que acabe la presente sesión legislativa.

“Hay que reconocer la ley que autoriza las pruebas de ADN post sentencia (Ley 246) que es un paso definitivo en esa dirección. Hay que felicitar a la Asamblea Legislativa por haber aprobado y el gobernador (Alejandro García Padilla) por haberla firmado, pero hay mucho más que podemos hacer”, enfatizó.