Unas 53 familias corren el riesgo de ser desalojadas de sus residencias en la Urbanización Lucila Franco, en la isla municipio de Vieques, y ante la falta de información por parte de las agencias pertinentes, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, presentó este jueves una resolución para investigar los detalles de esa controversia. 

Santiago sometió la Resolución del Senado 1324 para ordenar a la Comisión de Vivienda y Comunidades Sostenibles que indague el estatus de la urbanización ubicada en barrio Tortuguero de Vieques, incluyendo aspectos sobre la construcción, la administración y la titularidad de los inmuebles. 

“La amenaza de desalojo para 53 familias en Vieques, se podrán imaginar lo que significa. No hay otras 53 casas donde familias de bajos recursos puedan mudarse en la isla municipio de Vieques, y esto ha generado una enorme incertidumbre”, sostuvo la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) durante una conferencia de prensa en su oficina legislativa. 

Explicó que la comunidad fue desarrollada en la década de 1990, luego que el gobierno municipal de Vieques suscribió un acuerdo con la Administración de Desarrollo Rural federal (RDA, por sus siglas en inglés) para completar el desarrollo y administrar las unidades de vivienda. 

Como parte de ese acuerdo, el ayuntamiento creó la Corporación para el Desarrollo Futuro de la Isla Nena (Codefin), que gestionó un préstamo de $2 millones para las obras en la urbanización Lucila Franco y otro de $1 millón para otro proyecto residencial en el poblado de Isabel II. Los préstamos fueron garantizados por la Administración Federal de Hogares y el Departamento de Agricultura federal. 

Según la senadora, se establecieron criterios variables para la ocupación de las viviendas, con la condición de que los residentes invirtieran en las terminaciones de la infraestructura, y se estableció un canon de arrendamiento de entre $300 y $500. 

Santiago dijo también que se estableció un sistema “irregular” de pagos de las mensualidades. “Algunos pagaban directamente a personas naturales empleados del Municipio de Vieques, otros a Codefin y otros a través del Programa de Sección 8”, sostuvo. 

Ese sistema de pago generó una controversia entre la RDA y la Codefin, y ese conflicto provocó eventualmente que la agencia federal emitiera unas “notificaciones informales” de desalojo a los residentes en la urbanización. 

“Las razones por las que pudieran ser desalojadas son ajenas a estas familias e, incluso, desconocidas para ellos y ellas. Solo saben que la controversia entre la agencia federal y la corporación sin fines de lucro creada por el municipio resultó en que cerca del 2010 personal de la RDA apercibiera a los residentes de que no emitieran más pagos por concepto de rentas y que, desde esa misma fecha, los contratos a través de Sección 8 no fueran renovados”, subrayó. 

“Hace ya cinco años que los residentes están en un estado de incertidumbre… La situación de vivienda pública accesible a personas de limitados recursos económicos cada días es más precaria, y este problema se agrava más cuando se trata de una de las islas municipio”, añadió la también candidata a la gobernación por el PIP.

Codefin fue cancelada como corporación en el 2004, precisó.

Santiago señalo que la RDA se ha negado a proveer información sobre la controversia, al igual que el gobierno municipal de Vieques, y por ello determinó presentar la resolución para que el Senado utilice sus facultades investigativas en aras de aclarar la situación, y precisar el efecto que podría tener en las 53 familias.