Toda una pirámide para que saque esos 10 pesos.

La operación de los cajeros automáticos independientes no se limita a poner un equipo y sacar el dinero por un cargo establecido (sobrecargo). Detrás de la industria hay una maraña de inversionistas, operadores y procesadores (concentrados todos en pocas empresas) que podrían estar incurriendo en violaciones de ley al no tributar al Departamento de Hacienda, al CRIM y a los municipios y que, como si fuera poco, establecen costos irracionales por una transacción.

Myrna Vázquez, directora ejecutiva de Cardtronics (con sede en Texas, EE.UU.) explicó a Primera Hora que “el problema en Puerto Rico es que no hay una estructura local, que es lo que hemos estado exponiendo. Hoy somos la única compañía  que piensa que una reglamentación razonable pudiera ser la solución”.

El proceso se da así: un banco auspiciador (MetaBank o Prosperity Bank; este último con el que hace negocios Cardtronics); un procesador (FIS o 1stISO Processing, quienes procesan transacciones a los operadores), un operador (Cardtronics, ShareNet, EZ Payments, National Link, ITS y Sky Processing) que es quien tiene las certificaciones de las redes bancarias, VISA y MasterCard, para operar un cajero automático; los inversionistas, que compran las ATM; el que dota de efectivo las máquinas y el comercio (cafetería, gasolinera o productores de eventos) que es el que da el espacio para que el cajero funcione.

En total, bajo algunos modelos de negocios  implantados en la Isla, hay al menos cinco integrantes en la operación de  equipos, dedicados a dispensar dinero al consumidor por un cargo que ronda los $5 en transacciones internacionales y, generalmente, arranca en cerca de $1.99, según informó la ejecutiva. Todos los componentes reciben un porcentaje y esta cantidad es la que permite mantener los gastos operacionales de un cajero, pero Vázquez fue enfática en que “cada uno de los participantes del negocio debe tributar de manera individual de acuerdo con la partida que recibe por su participación”, lo que podría no estar ocurriendo, según la abogada.

“Nosotros entendemos que si se le diera jurisdicción a alguna agencia debería ser la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), de manera que haya un ente unificador en Puerto Rico y que cada participante de la operación tenga que obtener una licencia según su volumen de negocios.  Así se promueve que cada integrante haga su aportación al fisco y al país”, planteó Vázquez.

“Como nosotros, se supone que cada uno pague una patente municipal en cada pueblo donde instale un cajero. Hasta donde entendemos, esto no sucede y no hacerlo representa una competencia desleal no solo para otros operadores independientes que sí lo hacen, sino también para los bancos y las cooperativas, quienes son altamente regulados”, aseguró.

“Ante el comercio tal parece que su proveedor de servicios de cajeros es uno solo, pero de fondo hay tres o cuatro detrás de esa operación y a la hora de un cambio de contrato todos aparecen a reclamar, tomándolos por sorpresa”, indicó.

“Ahora mismo estoy en proceso de completar el registro de nuestros cajeros ante la Oficina de Gerencias y Permisos, y, muy respetuosamente, me parece poco producente porque hay un problema mucho mayor que lo tendría que ver una agencia con pericia en la materia para que se haga cumplir el ordenamiento vigente”, insistió. “En la medida en que OCIF atienda esta industria no va a haber este tipo de situaciones (como la ocurrida el sábado en el Hiram Bithorn) porque todos los que están haciendo y deshaciendo a cuenta de que no tienen un ojo avizor encima van a tener que pensarlo dos veces … hay que cuestionar, incluso, la procedencia del efectivo y solicitar evidencia de las certificaciones de la industria y el cumplimiento contributivo en la Isla. En la medida en que esto ocurra, los consumidores van a estar más protegidos sin necesariamente estar hablando de regular el sobrecargo, lo que no ha sido necesario en ningún estado de los Estados Unidos y atenta contra el libre mercado”, indicó Vázquez.

A fin de cuentas, “si se va a atender esta situación, debería centralizarse el asunto en una agencia con pericia. La realidad es que bajo registro que debe completarse ante la Oficina de Gerencia y Permisos el único llamado a hacerlo es el dueño del cajero. ¿Y los demás dónde quedan? ¿Esto resuelve el problema de raíz? La respuesta es que no”, aseveró.