Puerto Rico carece de una política pública articulada para hacerle frente al cambio climático, y los efectos de ese fenómeno agudizado por el calentamiento global podrían impactar directamente a cerca del 80% de la población del país que reside cerca a las costas.

El geomorfólogo José Molinelli Freytes advirtió este miércoles que las secuelas del cambio climático conllevarán una reconceptualización del país en todos los ámbitos, principalmente en el uso de los suelos, el desarrollo de nueva infraestructura y los esfuerzos por alcanzar un mayor grado de soberanía alimentaria.

Por ello, el profesor del Departamento de Ciencias Ambientales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico apoyó la intención del Proyecto del Senado 1357, que crearía la “Ley Nacional de Cambio Climático”, y establecería la Comisión de Asuntos Climáticos con el objetivo de que formule la política pública sobre ese asunto y fiscalice su ejecución por parte de las agencias públicas.

Sin embargo, Molinelli Freytes advirtió que el aparato que se cree para dictar la política pública debe estar dotado de amplios poderes de implementación.

“Uno de los grandes problemas que ha habido en este país es que se hacen comisiones, hay buenas intenciones, se hacen hasta proyectos de ley, y donde nos caemos es en la fase operacional… Tiene que haber poder de ejecución y los recursos económicos para poder, operacionalmente, implantar lo que se quiere”, subrayó el académico.

“Tiene que ser algo que esté a nivel del gobernador, que el gobernador le dé los poderes para poder hacer que las agencias respondan efectivamente”, añadió durante un vista pública de la Comisión senatorial de Recursos Naturales y Ambientales, que preside el senador popular Cirilo Tirado, autor también de la pieza legislativa.

Según Molinelli Freytes, preparar al país para los efectos del cambio climático conllevaría conceptualizar aspectos como el desarrollo de nueva infraestructura que resista los embates de los fenómenos atmosféricos extremos, estudiar espacios para nuevos asentamientos de las comunidades, lejos de las costas expuestas al aumento del nivel del mar, e identificar mecanismos para fortalecer la seguridad alimentaria, entre otros.

Al enfatizar que Puerto Rico no está listo para lidiar con el cambio climático, el geomorfólogo resaltó que actualmente unas 160,000 familias en la Isla residen en zonas inundables, y sobre 100 comunidades se sitúan en áreas susceptibles a deslizamientos, aun con los estudios que el Gobierno efectuó luego de la tragedia de Mameyes, en Ponce, hace 30 años, para identificar áreas vulnerables y evitar emergencias de ese tipo.

“Para hacer esto y que funcione, lo que nos está planteando es cómo vamos a planificar un Puerto Rico con cambio climático, y cómo vamos a reconstruir ese Puerto Rico, (la infraestructura) tiene que reciclarse porque ya ha cumplido su vida útil, y eso requiere tener una visión de país, como se tuvo en el ‘50, que ya no nos sirve, pues ahora tenemos que replantearnos cuál es esa nueva visión”, indicó.

"Y es a lo largo de esa visión que tenemos que reconstruir ciudades, proteger los campos, desarrollar soberanía alimentaria, salirnos de las zonas de alto peligro, proteger las áreas naturales que son esenciales de las actividades humanas, pero también proteger a los humanos de los impactos de la naturaleza”, agregó.

Tirado, quien anticipó que la vista de este miércoles sería la última antes de someter el informe sobre la medida legislativa, estimó que la comisión que se crearía podría ubicarse en la Oficina del Gobernador.

“La realidad es que, si no le damos poder, si el gobernador, que es el principal ejecutivo del país, no tiene control sobre la misma, que de verdad se le juega la vida al país, el gobernador tiene que asumir su responsabilidad ahora y apoyar que sus agencias apoyen esta propuesta”, dijo el legislador del Partido Popular Democrático.

En tanto, el agrónomo Arnaldo Astacio, del Departamento de Agricultura (DA), mencionó que esa agencia se ha estado preparando para atender el problema del cambio climático, y dijo que el asunto ha sido analizado y discutido como parte del Plan de Seguridad Alimentaria y el Plan de Agricultura 2.0 que han elaborado este cuatrienio.

Aunque el DA apoyó “en principio” la creación de la comisión propuesta, Astacio dijo en representación de la secretaria Myrna Comas que el proyecto, según presentado, conllevaría la erogación de fondos públicos y plantea la posibilidad de que empleados de esa agencia realicen funciones para el organismo de nueva creación.

“Los empleados y fondos del DA cumplen una función vital para nuestro departamento sombrilla, y están totalmente comprometidos. Ante esto, es necesario oponernos ante el supuesto de que se utilicen empleados o fondos de la agencia para atender las funciones de la comisión”, puntualizó.