Antes de que finalice el año fiscal los esfuerzos dirigidos a finalmente abrir el Centro Guailí, un proyecto diseñado para brindar servicios y residencia a adultos con diversidad funcional, recibirían una inyección económica de $24,000 para que por fin abra sus puertas.

El viernes la Oficina de Desarrollo Económico y Comunitario asignó $6,000 a la Fundación Rosa Lydia Vélez, tenedora del predio donde se ubica el centro en Guaynabo, específicamente en parte del terreno que albergó el hogar de jóvenes transgresores. 

En una actividad en la presidencia de la Cámara de Representantes, el líder legislativo Carlos ‘Johnny’ Méndez explicó que se harán dos asignaciones adicionales, incluyendo de fondos de la oficina del representante José Aponte para alcanzar los $24,000. Aponte inició el trámite legislativo en el 2012 para que el terreno donde se encuentra el centro fuera traspasado a la Fundación Rosa Lydia Vélez.

En entrevistas por separado Vélez y Carmen Warren coincidieron en la importancia de que se abran más centros como este para atender una población que al alcanzar los 22 años es abandonada por el gobierno, dejando en las manos de sus padres y demás familiares su cuido y gestión adicional de terapias hasta que alcanzan los 60 años.

Vélez lideró por tres décadas un pleito de clase contra el gobierno en nombre de su hija Isamar, paciente de perlesía cerebral. Isamar tiene 43 años y recibe servicios en el Instituto Psicopedagógico. 

Warren es portavoz del Comité Timón de Madres y Padres de Niños de Educación Especial. Su hija Zuania Cabrera Warren, de 28 años, murió en 2015 y padecía también de perlesía cerebral, entre otras condiciones.

“El problema que tenemos es que llegan a la etapa adulta y hay que comenzar a tocar puertas nuevamente y no hay leyes que los protejan. Puerto Rico tiene muy poco para la población de jóvenes adultos. Son pocos los que pueden llegar a la universidad, lograr algún tipo de rehabilitación o de vida independiente por lo que la mayoría se quedan en sus casas con mamá, papá, abuelos o familiares que los quieran atender”, dijo Vélez.

“Es una población marginada. Los marginados de los marginados”, agregó.

El Centro Guailí está conceptualizado en dos facetas: un programa residencial que pudiera atender hasta 12 adultos y un centro en que ellos y otros beneficiados puedan tomar terapias ocupacionales, sicológicas y recreativas. Vélez no pudo ofrecer un cálculo de cuánto costaría la operación anual del centro brindando todos sus servicios, aunque indicó que continúa en conversaciones con el Instituto Psicopedagógico para que lo pueda administrar.

“Ellos tienen gente que hace propuestas, tienen enfermeras y tienen sicólogos”, dijo en un aparte con El Nuevo Día. La esperanza de Vélez, quien reconoce la dificultad de conseguir voluntarios y donantes, es que tras la apertura del Centro Guailí, cuya fecha de inauguración es incierta, alcaldes se “enamoren” del proyecto y lo copien. 

El Nuevo Día reseñó en junio la operación de centro similar de atención diurna, pero en San Germán: la Asociación de Personas con Impedimentos de San Germán o, como se le conoce popularmente: Centro Cotuí.

El Departamento de Salud opera el Programa de Retraso Mental, que cuenta con seis centros de atención diurna, pero sus servicios tienen un costo. En mayo, El Nuevo Día publicó que la población atendida por centros privados no supera las 2,000 personas, cuando según el Censo del 2013, la población en Puerto Rico de personas con dificultades cognoscitivas casi superan los 200,000.

Para Warren, centros como Guailí son “vitales”.

“Tanto como los centros de envejecidos en el país, que en cada municipio hay dos y tres”, dijo al recordar que los centros diurnos les permiten a los padres hacer sus diligencias o simplemente cumplir con un horario de trabajo. 

“Es que aquí no se ha pensado en qué pasa después de que culminan los servicios educativos obligatorios a los 22 años. Estos chicos están en el limbo hasta los 60, cuando pueden entrar a un hogar de envejecidos. Hasta ese momento, la población está en el limbo”.