La pregunta de los 64,000 chavitos es cuándo y quién debe decidir sobre la desconexión de un paciente que fue certificado con muerte cerebral y que permanece conectado a un ventilador que le provee vida artificial.

A raíz del caso del boxeador Héctor “Macho” Camacho surgió la polémica, pues aun cuando los médicos certificaron su muerte, sus familiares se negaban a desconectarlo porque estaban aferrados a una esperanza que clínicamente estaba descartada.

Se les dio tiempo para que canalizaran la pérdida y analizaran la posibilidad de donar los órganos del púgil, pero no se pudo, pues aun estando conectado al ventilador, Camacho tuvo un paro cardiaco que ocasionó que sus órganos se deterioraran al dejar de bombear sangre y recibir oxígeno. Aun así, si se hubiera tomado una decisión antes, sus tejidos hubieran podido ser donados.

Aunque existe un protocolo para este tipo de casos –en especial para propiciar las donaciones de cuerpos, órganos y tejidos–, lo cierto es que el reglamento no es claro porque si bien es cierto que el médico primario es el que desconecta al paciente, también la familia debe acceder.

Así lo explicó el abogado Ariel Caro Pérez, al advertir que por ley estatal y federal los pacientes gozan de un derecho constitucional a la autodeterminación corporal.

“Esto significa que el paciente tiene derecho a rechazar o determinar el tratamiento médico a seguir aun cuando ello conlleve a la muerte... esto también incluye decidir previamente a través de algún familiar o documento o testamento si desea o no que lo mantengan con vida artificial”, dijo al agregar que si el individuo no dejó instrucciones claras, la decisión la toman los familiares, en este orden: esposo o esposa, padres, hijos o hermanos.

“Ahora bien, para esto hay un protocolo establecido por las instituciones hospitalarias, pero la duda con la reglamentación es cuánto tiempo hay que esperar para la desconexión y quién tomará la última decisión porque no está bien claro. En ese sentido, urge que haya legislación para que ese reglamento sea menos vago, menos ambiguo. Y debe ser una legislación a base de criterios médicos y jurídicos, tomando en consideración el interés del estado con la donación de órganos y los costos que se requiere al tener a un paciente conectado a un ventilador, y el derecho del paciente y sus familiares”, dijo quien también es profesor de derecho en la Universidad Interamericana.