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Vive bajo el nivel de pobreza casi una cuarta parte de los maestros retirados en la Isla

Por Osman Pérez Méndez / [email protected] 12/03/2016 |04:30 p.m.
La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, expuso esta tarde la oposición de la organización ante posible reducción en la pensión de maestros retirados. (Suministrada)  
Asociación de Maestros clama por una atención justa a esta población.

Decenas de maestros retirados y pensionados exigieron hoy al gobierno entrante que atienda de manera justa la situación que enfrenta ese grupo, cuyas pensiones han disminuido notablemente y ante el actual escenario de crisis fiscal encaran el fantasma de que puedan ser reducidas aún más.

“Hoy hemos estado discutiendo este nuevo escenario y queremos hacer un llamado a la administración entrante, recordando que los maestros de Puerto Rico no tienen derecho a recibir Seguro Social, ni Medicare”, dijo la líder sindical Aida Díaz, rodeada de decenas de maestras y maestros de la Asociación de Maestros que celebran este fin de semana la asamblea anual del Departamento de Maestros Pensionados y Retirados de la Asociación.

Díaz catalogó de “criminal” cualquier reducción adicional de las pensiones y exhortó a que cualquier transformación a los retiros de maestros se hiciera siguiendo sus recomendaciones. La presidenta de la Asociación de Maestros insistió en que los maestros, tanto activos como retirados, combatirían cualquier intento de reducir sus pensiones, al tiempo que los maestros, muchos de ellos armados por sus recibos de pagos de pensiones, respaldaban sus expresiones.

Díaz destacó que los números muestran que por lo menos el 23 por ciento de los maestros pensionados viven bajo el nivel de pobreza (fijado en $12,945 anuales). Resaltó que muchos pensionados tienen gastos de salud que suelen ir en aumento con la edad, y también que muchos todavía pagan la hipoteca de su vivienda, al tiempo que sus pensiones rondan los $500 o $600 mensuales. Añadió que los maestros que ingresan después de 2014 “no tienen ni siquiera esa mísera pensión que tenemos nosotros”.

La líder sindical también resaltó que lo único que tenían era una aportación patronal a un plan médico de $100 que se la quitaron con la ley del 2014, lo cual ha forzado a muchos a tener que recurrir al seguro de la Reforma de Salud, que irónicamente termina costándole mucho más al gobierno pues sus estimados colocan en alrededor de $1,700 los gastos por cada participante de la Reforma.

“Los cambios, hechos a última hora en una noche, no han arreglado el problema del sistema de retiro. Lo han empeorado”, insistió Díaz, afirmando que el problema del Sistema de Retiro “lo creó el gobierno y viene de 1951”.

Díaz incluso presentó recortes periodísticos en los que representantes del gobierno admiten que los fondos del retiro se usaron para hacer obra pública entre 1951 y 1985. En ese sentido, reclamó que los maestros son también accionistas, “como los bonistas a los que les debe el gobierno”. Añadió que el gobierno, al igual que se está sentando a negociar con los bonistas, debería sentarse con los maestros para pagar la deuda que tiene con ellos.

Díaz fue más lejos y afirmó que estudiaban emprender acciones legales una vez terminaran de cuantificar cuánto perdieron por las acciones del gobierno que “defalcó al sistema de retiro”.

El grupo afirmó que planeaban sostener reuniones con otros grupos como los empleados y retirados del Estado Libre Asociado.

A preguntas de si consideraban acudir directamente ante la Junta de Supervisión Fiscal, ante las decepciones sufridas por las acciones del gobierno, los líderes magisteriales aclararon que aún no habían tomado una decisión al respecto y lo discutirían con otros gremios magisteriales. Sin embargo, insistió en que eso no libraba al gobierno de su responsabilidad de representarlos debidamente y defender sus derechos.

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