Contrario a lo que muchos pudieran pensar, las personas de 50 años o más (el 37% de la población), en comparación con otros grupos generacionales, son responsables del 47% de la actividad económica del país y del 60% en los renglones principales de consumo, según el estudio de “Economía de la longevidad” publicado el año pasado por el capítulo de Puerto Rico de AARP (American Association of Retired Persons), una organización sin fines de lucro que atiende necesidades e intereses de las personas mayores de 50 años.

“Los ven como una carga social, cuando en realidad son un activo económico y creo que ese es un aspecto que pocos analizan cuando se habla de reducir pensiones. Y eso sin sumar el agregado de que se trata de personas que, aun cuando tienen un rol importante en el desarrollo económico, han sufrido también la pérdida del valor de sus viviendas, el aumento en el costo de vida y, recientemente, los estragos causados por los huracanes Irma y María”, expresó el director de AARP a nivel local, José Acarón.

Actualmente, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Gobierno de Puerto Rico están en disputa sobre el futuro del plan de sistemas de retiro de los empleados. 

 De hecho, la Junta aprobó ayer un plan fiscal que exige un recorte promedio de 10% en las pensiones (en algunos casos pudiera alcanzar un 20%) y el Gobierno -en voz del primer ejecutivo Ricardo Rosselló- muestra oposición al tijeretazo, pues lo considera “innecesario” y lo cataloga como una acción neutralizadora para el desarrollo económico del país. 

La JSF ha insistido en que los cambios y recortes en el beneficio para los sistemas de retiro reflejará un ahorro al sistema de pensiones de unos $732 millones y, al final del camino, el Gobierno se economizará con las reducciones un 10% en el pago anual de casi $2,000 millones que destinan a los jubilados. El total de la deuda del retiro es de $56,000 millones (lo que debe el Gobierno a los retirados y empleados activos). 

Esta controversia la resolverá al final la jueza Laura Taylor Swain en el pleito presentado en el tribunal federal donde se atiende la quiebra de la Isla.

“Todavía no hay nada escrito en piedra por lo que hay que apoyar al gobernador para que se quede en su posición de no tocar las pensiones de los retirados porque de cumplirse lo que la Junta dice estaríamos rompiendo el contrato social que se había hecho con los retirados -empleados públicos- quienes sí cumplieron con su parte y el Gobierno les falló con la mala administración de fondos y ahora le fallaría doblemente con bajarles las pensiones”, opinó Acarón

Fue más allá y dijo que “eso se llama maltrato institucional financiero contra los pensionados de Puerto Rico”, quienes llevan años asumiendo sacrificios para enfrentar la debacle económica del País.

Y es que una encuesta a empleados activos y jubilados realizada en 2017 a petición de AARP, reveló los siguientes datos preocupantes: el 65% de los retirados entrevistados habían tenido que limitar su uso de energía par intentar reducir la factura de luz, el 44% había tenido que incurrir a tomar préstamos convencionales, el 40% incurrió en mora en el pago de deudas, el 24% tuvo que dejar de tomar algunos medicamentos y el 11% se vio obligado a mudarse con familia y amigos.

 “Estos cambios reflejan el empobrecimiento de esta población y no se pueden seguir penalizando con un recorte en sus pensiones... estos adultos mayores viven al chavo”, expresó Acarón.

“No va a estar ocurriendo”

Ricardo Rosselló dijo que no esperaba un acuerdo con la JSF en torno a la propuesta reducción de pensiones.

“Las diferencias, verdaderamente, son en grado y filosóficas. Por lo tanto, nunca había una expectativa de que se iba a llegar a consenso en esta área… Entendemos que las pensiones son derechos propietarios bajo el derecho actual en Puerto Rico. Están afectando a los sectores más vulnerables y para poder hacer un cambio a las pensiones se tendría que llevar a cabo a través de la Legislatura, cosa que no va a estar ocurriendo”, expresó el gobernador en conferencia de prensa luego de conocerse la aprobación de los planes propuestos por el ente federal.