La sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional solicitó este miércoles al gobernador Alejandro García Padilla que revise las propuestas incluidas en el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico para eliminar posibles efectos en los derechos humanos.

“Decisiones desacertadas en el pasado y presente en el manejo del presupuesto colocó a Puerto Rico en una crisis de insolvencia económica que pudiera dejarnos, en un futuro cercano, sin los recursos suficientes para afrontar la totalidad de sus obligaciones. Según experiencias aprendidas en otros países, medidas regresivas en términos de los derechos laborales, recortes en los ingresos a los ciudadanos y en la inversión en el gasto social, generan más marginación de los grupos de población más pobres y vulnerables, como menores, migrantes, mujeres y personas discapacitadas, entre muchos otros grupos y, por consiguiente, más violaciones de sus derechos”, indicó el director ejecutivo de Amnistía Internacional Puerto Rico, Pedro Santiago en comunicado de prensa.

El funcionario sentenció que los gobiernos no pueden utilizar sus problemas fiscales para obviar tener que garantizar la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, incluidos el derecho a la alimentación, el agua potable, la educación, los servicios de salud y la vivienda.

De hecho, destacó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (ONU) se hace eco de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y cuestiona en términos generales los recortes sociales en respuesta a la crisis.

Tras sus argumentos, el ejecutivo no dio ejemplos sobre las partes del Plan que podrían limitar los derechos a los residentes en Puerto Rico. Sin embargo, expuso de posibles efectos negativos para los “desfavorecidos”.

“Hasta la fecha, las medidas presentadas de ajustes fiscal no contienen un análisis, ni propuestas concretas de cómo el estado planifica paliar los efectos negativos de la crisis en los sectores más desfavorecidos de la población, ni establecen la necesidad de realizar mayores esfuerzos para que los derechos humanos sean el fundamento de cualquier recuperación económica. Entendemos que el País se encuentra en una situación económica difícil. Sin embargo, este no es una excusa para que el estado no garantice los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, y en especial de las personas en mayor situación de vulnerabilidad”, dijo.

Santiago también recalcó la importancia en proteger los derechos laborales de los trabajadores. Por ello, sostuvo que “de adoptarse la medida de congelar el salario mínimo a menores de 25 años en una cifra que no permite un nivel de vida digno, es condenarlos a la dependencia y a la pobreza”.

“Ninguna persona que trabaje a tiempo completo debe estar bajo los estándares de la pobreza”, agregó.

Por su parte, el licenciado Osvaldo Burgos, presidente de la Junta Directiva de AIPR, expresó que el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico carece de un análisis sobre perspectiva de género.

“Sabemos que las mujeres son sobre representadas en los índices de pobreza, en Puerto Rico y el mundo. Por lo tanto, es imperioso entender como las medidas afectarán a las mujeres para poder combatir la brecha salarial y los estereotipos de género, así como fomentar la igual representación en los sectores públicos y privados. Además, nos preocupa que los recortes podrían perjudicar la protección de las víctimas de violencia doméstica por lo que instamos al Estado a garantizar sus derechos”, dijo.

Por otro lado, ambos funcionarios destacaron que tradicionalmente la educación y la cultura es uno de los sectores más afectados por este tipo de recortes. Por tal razón, recomendaron al estado que asegure una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente en educación y que redoble los esfuerzos para reducir la tasa de abandono escolar temprano.

“En este sentido la Universidad de Puerto Rico (UPR) es una activo para el país, no es reduciéndole recursos que vamos a salir de la crisis sino otorgándole un rol protagónico en el desarrollo socioeconómico y exigiendo que responda al país no con austeridad sino con excelencia”, se destacó en el comunicado de prensa, al hacer alusión al posible recorte en fondos para esta institución.

Por último, Burgos recomendó que “las soluciones deben llegar verdaderamente de una coalición multisectorial que incluya al movimiento cooperativo, al sector no gubernamental y a la academia, más que ser un cónclave de los distintos partidos políticos, sin participación ciudadana. No obstante, a largo plazo entendemos imprescindible reformular nuestras metas como pueblo y establecer un Plan Nacional que sirva como norte para el desarrollo social, económico y político”.