Representantes de la banca de Puerto Rico aseguraron este miércoles que están cumpliendo con las disposiciones de la ley que les “autoriza” a abrir cuentas de ahorro y cheques a extranjeros con estatus migratorio irregular, pero advirtieron que hay dificultad para precisar cuántas cuentas de este tipo se han abierto debido a que no llevan datos sobre la condición migratoria de sus clientes.

La Ley 21 de 2015, conocida también como la “Ley de Acceso Financiero para Todos”, tiene como objetivo “promover que todos los residentes de Puerto Rico, no importa su estatus migratorio, tengan acceso a cuentas depositarias de ahorro y cheques en instituciones depositarias autorizadas para operar en Puerto Rico, sean bancos comerciales o cooperativas de ahorro y crédito, para así promover la creación de activos personales, historial de crediticio, cultura de ahorro, superar el ciclo de pobreza y establecer medidas de seguridad personal”. 

El cumplimiento con dicha Ley fue el tema atendido hoy, miércoles, por la Comisión de Banca, Seguros y Telecomunicaciones del Senado, en una audiencia pública en la que participaron representantes de distintas entidades bancarias del país.

Hubo coincidencia entre los deponentes de que la Ley 21 es clara al establecer que la institución bancaria podrá negarse a abrir una cuenta de depósito cuando ello represente un riesgo de violación a las leyes o reglamentaciones que aplican a la actividad financiera y además que los solicitantes tendrán que cumplir con los requisitos de identificación dispuestos por el “Bank Secrecy Act”. 

La Asociación de Bancos, en ponencia que presentó su vicepresidenta ejecutiva, Zoime Álvarez, reiteró la postura que asumió la entidad cuando se discutió el proyecto, hoy convertido en Ley, de que “la decisión de ‘aperturar’ o no una cuenta es una determinación caso a caso, que depende de una evaluación de riesgo propia de cada institución, en cuanto a la identificación del cliente”.

En iguales términos se expresó la Oficial Principal de Cumplimiento Interina de Santander, Gloria G. Benson, que indicó que la decisión dependerá de que la información y documentación solicitada y provista cumpla con los requisitos establecidos por las leyes federales, estatales y políticas aplicables al Grupo Santander.

Recalcó, por otra parte, que “ninguna de estas medidas tiene la intención de discriminar con los solicitantes por motivo de origen nacional, etnia o raza”.

Adolfo Sepúlveda, que representó a FirstBank, afirmó igualmente que “el estatus migratorio no es determinante al momento de abrir una cuenta a un cliente que así lo solicite”. 

Advirtió, al igual que los demás representantes de la banca, que “en cuanto a información sobre cuantas cuentas de clientes con estatus migratorio no determinado se han abierto posterior a la aplicación de la Ley 21, a la fecha no podemos segmentar nuestra cartera de clientes de esta forma, ya que la data no se estratifica por el criterio de estatus migratorio del cliente”. 

Los representantes de Scotiabank, Ricardo Colón y Jorge L. Rodríguez, informaron por su parte, que las disposiciones de la Ley 21 fueron parte de los adiestramientos ofrecidos recientemente a los empleados de sucursales y aseguraron que la institución está en cumplimiento con la misma. 

“Confirmamos el compromiso de Scotiabank de ofrecer el servicio de apertura de cuentas depositarias de ahorro y de cheques a todos los residentes de Puerto Rico, irrespectivo de su estatus migratorio, siempre y cuando nuestros clientes cumplan con los requisitos mínimos establecidos en nuestras políticas y procedimientos para la apertura de cuentas”, expresaron.

“En el Banco Popular de Puerto Rico, la decisión de apertura de una cuenta de depósito no está predicada en la nacionalidad ni estado migratorio formal de un cliente, sino en los requisitos mínimos establecidos por las agencias federales para su adecuada identificación en cumplimiento con las leyes aplicables”, expresó Víctor M. Rodríguez Bonilla, de la División de Cumplimiento Corporativo.

“Nosotros no indagamos sobre el estatus migratorio de cualquier cliente. Tampoco discriminamos contra inmigrantes. De hecho, reconocemos que extranjeros sin estatus migratorio formal pueden tener una necesidad legítima para abrir cuentas de ahorros o de cheques”, señaló, mientras tanto, Hugh González, vicepresidente de Oriental Bank.

El presidente de la comisión senatorial, Ramón Luis Nieves, reconoció el reto que representa para las entidades bancarias precisar cuántas cuentas abrieron ya a inmigrantes con estatus migratorio irregular desde que se aprobó la Ley pero le reclamó al sector que acepten ese reto y produzcan la información y la entreguen al organismo legislativo.