La orden ejecutiva que emitió el mandatario estadounidense el viernes pasado veta a los nacionales de Siria, Irán, Irak, Yemen, Sudán, Somalia y Libia a viajar desde o hacia territorios estadounidenses.

En Puerto Rico, esto aplica a cualquiera de los puertos y aeropuertos como el Luis Muñoz Marín en Isla Verde, Carolina.

“Los mismos problemas que se han escuchado o leído en los aeropuertos de Nueva York, en Boston o en San Francisco, se puede suscitar en el Luis Muñoz Marín”, opinó Fernando Zambrana, abogado en asuntos de inmigración. 

La orden ejecutiva suspende el programa de acogida de refugiados durante 120 días, con el fin declarado de revisar el procedimiento que se aplica y evitar la entrada de potenciales terroristas. 

Además, cierra las puertas del país a la mayoría de refugiados sirios por tiempo indefinido y suspende durante 90 días la obtención de visados de los mencionados países de mayoría musulmana con historial de terrorismo, según las agencias de noticias internacionales. 

"La idea de la orden ejecutiva es que las agencias de ley y orden americanas le digan a la Casa Blanca qué países no proveen suficiente información de sus ciudadanos para ver si estos son considerados un riesgo a la seguridad a la hora de solicitar visas. Digamos que ciertos países acceden a compartir la información sobre sus ciudadanos para sacar las visas. ¿Usted va a confiar en lo que le dice un país que tal vez es hostil a los intereses estadounidenses, como Venezuela, como Paquistán? Eso no hace sentido”, acotó el letrado. 

El presidente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico, William Ramírez, aclaró que la victoria que lograron en una corte federal de Nueva York para paralizar el proceso de deportaciones no se extiende, sin embargo, a las detenciones. 

“Sería inconstitucional y una violación de ley, porque esas personas están viajando con visas y papeles legítimos, pero el caso está ahora en manos del tribunal y no se supone que deporten a nadie, pero habrá el caso en que los dejen detenidos por horas”, comentó. 

 Zambrana explicó que, para darle un viso legal a su orden, Trump se amparó en el artículo 217 de la ley de inmigración y nacionalidad (Immigration and Nationality Act), que menciona que ciudadanos de 38 países (incluyendo España, Francia y Japón) pueden viajar a Estados Unidos sin visa, siempre y cuando no hayan visitado Irak o Siria después del 1 de marzo del 2011. 

“La lista en existencia incluye cinco países más de los que la ley menciona, pero en ninguna parte se menciona que no puedan viajar, sino que tienen que pedir la visa”, insistió Zambrana.

“Trump se amarró de esa ley para darle legitimidad legal a la orden ejecutiva; básicamente está marroneando una sección de ley que no tiene nada que ver con su orden ejecutiva para justificar la misma”. 

El abogado mencionó que Trump justificó su acción alegando que muchos extranjeros han llegado a EE.UU. a cometer actos de terrorismo.

“¡Eso es un embuste! Después del 11 de septiembre del 2001 se tomaron medidas para aumentar la seguridad y hacer más difícil que se puedan cometer estos actos y no hemos tenido ataques de personas que han venido a cometerlos”, puntualizó Zambrana. 

“Lo que sí se ha dado son casos de personas que se identifican con el Islam o con el grupo terrorista ISIS y se radicalizaron en EE.UU. , pero ya eran ciudadanos americanos, o nacidos americanos. No fueron extranjeros que llegaron a atacar… fueron locales. Eso pasó en San Bernardino, en la discoteca de Orlando y en el Maratón de Boston. El problema es la radicalización, que no venga a engañar al pueblo”, reclamó.

Si usted es musulmán o residente de los países vetados y tiene dudas sobre si debe viajar o no, llame a la oficina de Zambrana al (787) 919-0026.