La escuela está ubicada en el barrio San Patricio, en la zona rural del norte de Ponce, y actualmente tiene una matrícula de 75 estudiantes. Es la única que queda en el área, pues han cerrado las demás.

Según fue dispuesto por el Departamento de Educación (DE) en su plan de reorganización, los estudiantes de kínder a quinto grado comenzarían el próximo año escolar en la Escuela San Patricio del barrio La Pica de Jayuya, mientras nueve alumnos de sexto se trasladarían a la Escuela Intermedia Jardines de Ponce para comenzar el séptimo grado.

La comunidad escolar objeta esa determinación, esencialmente, por catalogarla de discriminatoria. 

“Veo que tienen una persecución con las comunidades del campo. A nosotros no nos pueden medir con la misma vara que a las zonas urbanas, porque tenemos otra realidad en cuanto a transportación, a la geografía y al clima”, manifestó Eneida Vázquez, madre de un niño de siete años con autismo y de una niña de 10.

El 95% de los estudiantes viven bajo el nivel de pobreza y 25 pertenecen al programa de educación especial, informó la directora escolar. La mayoría utiliza transportación escolar y muchas madres no tienen carro. Sus residencias ubican en La Cuchilla, Montellanos, El Collado, El Pasto y La Mocha.

El plantel queda en la carretera PR-505, a 15 minutos de la Escuela Jardines de Ponce y a 18 minutos de la Escuela San Patricio, en auto privado, según confirmó Primera Hora ayer. Ese tiempo aumenta en guagua escolar de acuerdo a la cantidad de niños que se recojan en el camino.

“Ahora mismo levantamos a los niños a las 5:00 a.m. porque la guagua pasa a las 6:20 a.m., para que puedan llegar a tiempo. Si fuera para San Patricio, tendríamos que levantarlos a las 4:00 a.m.”, dijo Vázquez.

Además, hay que crear una nueva ruta hacia San Patricio, lo que hasta el 8 de mayo no había ocurrido, según corroboró Vázquez con la coordinadora de la transportación. 

“Y si nos dan transportación de allá para acá es hasta el cruce de Adjuntas, ellos no bajan, ¿y para llegar acá cómo vamos a hacer?”, preguntó Glymariz González, madre de un niño de siete años.

La directora agregó que si las madres eligen otra escuela para sus hijos “no hay obligación (del DE) de llevarlos a otra escuela en Ponce”.

Otra preocupación son las terapias de educación especial. “Se nos están violentando los derechos de educación especial porque la escuela receptora no brinda los servicios de terapia en la escuela, sino en un centro ubicado como a media hora de distancia en el pueblo de Jayuya. Aquí nosotros tenemos todas las terapias psicológica, del habla y ocupacional”, sostuvo Vázquez.

Diosdada Pérez, madre de dos alumnas y abuela de un niño de educación especial, comentó que “no estamos de acuerdo con que los estén transportando todo el tiempo, porque el clima es muy malo y pueden tener accidentes”.

La escuela receptora tiene 82 estudiantes de kínder a quinto grado, de los cuales 15 son de educación especial. Al momento está sin directora, pues la persona nombrada está en destaque administrativo en otro plantel. 

Lobanie García, secretaria y encargada, dijo que allí se dan becas de transportación a niños de educación especial porque no tienen la cantidad mínima de seis por terapista para que puedan tomarlas en la escuela, como requieren los proveedores d el servicio.

“Está proyectado que si sube la matrícula se den las terapias aquí”, señaló García. Sin embargo, reconoció que en agosto cada padre tiene que solicitar el servicio en el Comité de Programación y Ubicación, y San Juan debe aprobarlo. Por eso no hay garantía de que las terapias inicien simultáneamente con las clases.

Cada plantel tiene 10 maestros y solo uno es transitorio. “Los superintendentes nos han dicho que no saben qué van a hacer con nosotros”, dijo una maestra de la Escuela Anselmo Rivera Matos.