Líderes comunitarios y residentes de 14 barrios que perdieron la designación de “comunidad especial” mediante una decisión emitida por un juez de distrito ante una demanda radicada por el municipio de Guaynabo aseguraron que apelarán la decisión y subrayaron que el ayuntamiento está violando la ley al mantener vigente un proceso de expropiaciones para el desarrollo de proyectos turísticos, residenciales y comerciales.

La representante legal de las comunidades, Hadassa Santini Colberg, de la Oficina de Servicios Legales, aseguró que se radicará la apelación antes que expire el término para contestar la decisión del juez Carlos Carrasquillo del Tribunal de San Juan el próximo 9 de agosto. Del mismo modo se aseguró que el municipio tiene que desistir de visitar a residentes que podrían ser expropiados debido a que la decisión del tribunal de distrito no es “final y firme”. 

“Queremos repudiar, desde lo más profundo de nuestros corazones, lo que consideramos un atentado a la justicia de nuestro país y un atropello a las comunidades especiales de Guaynabo por la decisión totalmente equivocada del honorable juez Carlos Carrasquillo”, indicó el líder comunitario de Los Filtros, Jorge Oyola, durante una conferencia de prensa en que asistieron decenas de residentes de las comunidades de Guaynabo y portavoces de otros sectores que también temen ser objeto de expropiaciones por desarrollos. 

"No nos cabe duda que esa sentencia está viciada a favor del municipio de Guaynabo", añadió Oyola. 

El juez había emitido una decisión favorable para las comunidades en el 2010, al determinar que el municipio fue debidamente consultado sobre el proceso de la designación especial, tal y como exige la Ley 1-2001, pero el togado determinó lo contrario en su más reciente determinación emitida a principios de este mes.

Un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo puso en entredicho un posible conflicto de interés del juez, por una posición que ocupa en un museo administrado por el ayuntamiento, y algunos portavoces comunitarios cuestionaron su revés en el caso que se lleva litigando desde el 2007. 

“Las reivindicaciones de los pueblos se dan en las calles y nosotros tenemos que manifestarnos por una decisión injusta”,  sostuvo el líder comunitario del barrio Camarones, José R. Rondón Dieppa. 

Algunos residentes presentaron testimonios dramáticos sobre las pérdidas económicas que han sufrido a raíz de proyectos del alcalde de Guaynabo para la construcción de nuevas residencias. Por ejemplo, Edgar Bonilla residente del barrio Juan Domingo, mostró una foto de su residencia, que aparentemente se desplomó por una construcción aledaña. 

“Yo estoy vetado en el municipio de Guaynabo por hacer reclamaciones como esta”, indicó el ciudadano, mientras mostraba la imagen ante los fotoperiodistas que cubrieron el evento.

Otros residentes, como Carmen Díaz, portavoz de la barriada Vietnam, objetó la utilización de recursos municipales para llevar a cabo las expropiaciones.

“No nos pueden quitar (la protección que recibimos por) la ley. Es abusivo y nosotros nos tenemos que proteger contra alcaldes abusadores”, dijo Díaz. 

A la conferencia acudieron portavoces de otras comunidades de la zona metropolitana y de la Isla que solidarizaron con los residentes de Guaynabo, al igual que la directora de la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, María de Lourdes Rivera Grajales.

“Es necesario comunicar que estamos en pie de lucha”, sostuvo Rivera Grajales.