El teniente coronel Carlos Miranda, comandante auxiliar de la región de Ponce, admitió el martes que cuatro camiones depositaron agremax en el vertedero de Peñuelas con asistencia de la Policía, a pesar de que está prohibido.

El agremax son cenizas de carbón húmedas y su depósito en el Peñuelas Valley Landfill está prohibido por la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y por una orden del juez Eric Ronda del Toro, que atiende varios pleitos judiciales en torno a esta controversia.

La afirmación de Miranda surgió en la vista de Regla 6 contra dos manifestantes arrestados en medio de una protesta contra el depósito de cenizas en el vertedero, que culminó en una determinación de no causa. Los arrestos de Jimmy Borrero Costas y Nelson Pagán Hernández ocurrieron el martes por la mañana, antes de que llegaran los camiones –escoltados por agentes motorizados- cargados con material de la planta carbonera AES de Guayama.

“En el directo con el fiscal Jorge Martínez, Miranda dijo que los camiones venían con agremax. Cuando lo confronto con que no se puede entrar ese material al vertedero, se quedó sin palabras. Entonces le digo que violaron la orden del juez y a regañadientes me admitió que sí, que la Policía había violado la ley”, dijo a Primera Hora el abogado Martín González, quien defendió a Borrero.

El licenciado José Luis Sánchez, que también formó parte del equipo de defensa, había revelado el dato el mismo martes.

Miranda rehusó este miércoles hablar del tema con Primera Hora.

“Yo no puedo hablar de un testimonio que di en el tribunal, no puedo entrar en esos detalles. No podemos hablar de eso”, manifestó Miranda.

Este medio solicitó entrevista con el superintendente de la Policía, José Caldero, y este refirió el asunto a su abogado Abraham Tanco. También se le solicitó una declaración al respecto a La Fortaleza, pero a pesar de que aseguraron que la enviarían no lo hicieron. Además, se solicitó entrevista con el presidente de la JCA, Weldin Ortiz Franco, y no respondió.

El abogado Abraham Tanco aseguró este miércoles que la Policía no violó la ley.

"Sin importar lo que haya podido comentar cualquier policía allí... puedo decir que  la Policía  no permitió que entrara un producto distinto a las cenizas, que fue lo que se informó que era lo que iba a pasar", expresó Tanco, quien no pudo explicar por qué la agencia no desmintió la información temprano el miércoles si era falsa.

Tanco dijo tener los conduces de los camiones (documentos que indican qué material transportan), pero rehusó mostrarlos a este medio.

“El asunto de los conduces es información oficial, habida cuenta de que la Policía está gestionando varios procesos judiciales y hasta tanto el tribunal no nos permita eso, no se va a divulgar la información”, comentó sin explicar a qué procesos judiciales se refiere.

El licenciado González indicó que durante el contrainterrogatorio a Miranda, este admitió que la jefatura de la Policía de Ponce se reunió el lunes con los operadores del vertedero y sus abogados, así como con  representantes de la empresa AES, para diseñar el operativo policiaco.

“La gente del vertedero dijo que iba a manejar un producto liviano y otro sólido, pero a una pregunta directa que le hice sobre la orden del tribunal de que no podían transportar agremax, dijeron que estaban claros de que no podían llevarlo. Les pregunté qué iban a transportar y dijeron que cenizas”, sostuvo Tanco.

La Policía alega que su proceder responde a una orden del juez Ronda del Toro. No obstante, esa orden instruye a Caldero establecer un perímetro para los manifestantes, arrestar las personas que obstruyan la entrada al vertedero, incautar los vehículos que cierren el paso y “adoptar cualquier otra medida necesaria” para evitar conflictos entre las partes. No indica que la Policía tiene que escoltar a los camiones, como lo hizo el martes.

“La orden nos impone una obligación. La realidad es que, a la luz de las circunstancias particulares de que los camiones recibieron daños anteriormente por piedras que les han lanzado, veníamos en la obligación de hacerlo así. La orden nos impone la obligación de establecer un perímetro y garantizar la entrada, y nosotros diseñamos la forma en que hacemos la estrategia”, dijo Tanco para justificar la escolta.

El abogado de la Policía alegó desconocer dónde comenzó la escolta, dirigida por el jefe de la Unidad Motorizada, teniente Javier Requena.

Sin embargo, el licenciado González indicó que Miranda, en su testimonio, informó que los camiones habían sido estacionados la noche del lunes en un lote privado en la comunidad La Cuarta, en Ponce, y desde ahí salieron el martes por la mañana hacia Peñuelas.

Esa acción provocó que el legislador municipal por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Justiniano Díaz, y el presidente de esa colectividad en Ponce, Víctor Madera, presentaran una querella ante la Policía Municipal. El sargento William Gonzalez de León los instruyó a acudir a la JCA, pero allí un empleado de la región de Guayama les dijo el martes que no podían tomar la querella hasta este viernes, con la excusa de que la persona a cargo estaba ausente.

Se le preguntó a Tanco si la Policía volverá a ejecutar un operativo similar, con las decenas de agentes que movilizó el martes, cada vez que se vayan a depositar cenizas en Peñuelas y respondió que hasta que no se ordene otra cosa así será.

“Nosotros vamos a hacer cumplir la orden del tribunal hasta el día que otro tribunal nos dé una instrucción distinta o las circunstancias cambien”, dijo Tanco, al afirmar que el cuándo y cómo de las próximas intervenciones es algo “confidencial”.