Indignados por lo que entienden es un abuso contra el pueblo, residentes de Cabo Rojo protestaron frente a la casa alcaldía de ese municipio por el alto costo de las bolsas de basura que están obligados a comprar para que le recojan los desperdicios sólidos.

La ordenanza municipal número 26 ordena la compra de bolsas plásticas anaranjadas para el recogido, manejo y disposición de desperdicios sólidos y las personas que no cumplan con esta directriz, podrían enfrentar multas desde $100 hasta $1,000.

La medida, según el municipio de Cabo Rojo, tiene como fin promover la práctica de reciclaje, pues mientras más desperdicios se reciclan, menos tendrá que pagar por la basura. Sin embargo, la acción ha levantado diversas reacciones de oposición, desde manifestaciones espontáneas como la del pasado martes hasta demandas en los tribunales por entender que la imposición de compra de bolsas plásticas es abusiva. 

“Nuestro alcalde y la asamblea municipal legislaron una ordenanza municipal donde establecen que hay que utilizar unas bolsas que ellos propusieron para el recogido de desperdicios. Nosotros no tenemos problemas con eso, la única diferencia es que el costo de las fundas es excesivamente caro”, manifestó Radamés Muñiz, residente del sector Plan Bonito de Cabo Rojo y quien fungió como portavoz de los manifestantes. 

La ordenanza establece que el costo será entre $1.75 a $1.99 por cada bolsa de 15 galones y  entre $3.40 y $3.90 las de 30 galones. 

“Yo creo que cada familia consume más de tres fundas. ¿A qué nos obliga? A que consumamos semanalmente casi $20 en fundas plásticas. Además, nos dieron un zafacón que lo que miden son tres pies. ¿Cuánto cabe ahí?”, cuestionó Muñiz.

Unos 50 residentes llegaron frente a la alcaldía para manifestarse en contra de la ordenanza municipal. Entre los reclamos de los manifestantes figuran que la ordenanza se aprobó sin celebrar vistas públicas y con el respaldo de los asambleístas de la oposición. Además, reclamaron que los ciudadanos están pagando dos veces por el mismo servicio.

“En Cabo Rojo y en Puerto Rico se supone que el 1.5 del IVU era del recogido de basura. ¿Por qué yo tengo que pagar por una bolsa para que me den un servicio? ¿Tras que tengo que pagar el 1.5 del IVU tengo que comprar la bolsa para que recojan la basura? ¿Cuántas veces voy a pagar por el recogido de basura?”, destacó Eneris López, uno de los vecinos que llegó a la manifestación.

Según Muñiz, la nueva reglamentación municipal provocará la proliferación de vertederos clandestinos en todo el pueblo.

“Estamos volviendo al siglo pasado. Volveremos a ver los caminos vecinales llenos de desperdicios”, sostuvo Muñiz, quien además cuestionó que en los establecimientos donde se venden las bolsas requeridas solo quieren cobrar en efectivo.

“No te permiten que utilices ATH. Tiene que ser en efectivo. Y todo lo que es en efectivo es imposible de auditar. Por eso yo emplazo a la contralora de Puerto Rico a que entre a este municipio y realice una auditoría y confirme si lo que están haciendo es legal”, subrayó.

Los residentes indicaron que estaban dispuestos a pagar una cuota mensual por el recogido de basura pero que les permitan comprar las bolsas regulares.

“Estamos dispuestos a asumir un pago mensual. Algo que sea razonable. Pero aquí hay personas que están en esta misma marcha que lo que cobran de seguro social son $200. Ellos no pensaron en eso. Vamos a buscar un ‘happy medium’ a esto. Que el alcalde entre en razón”, puntualizó.

Mientras, el proceso judicial que se ventila en el tribunal de Mayagüez tendrá un nuevo capítulo el próximo 12 de junio.

La jueza Lynette Ortiz declaró no ha lugar el pasado 1 de junio la solicitud de injuction preliminar y una sentencia declaratoria que intentaba detener la controvertible ordenanza municipal.

Sin embargo, no desestimó la demanda que incoaron el presidente de la Asociación de Comerciantes del casco ubrbano, Juan Cancel Rivera, y el artesano Edy Ruiz Vega en contra del alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz y la presidenta de la Asamblea Municipal, Evelyn Alicea González y citó a las partes para ese día  una vista de seguimiento, donde esperan que el municipio conteste la petición.