martes, 24 de agosto de 2010
01:47 p.m.
Rosita Marrero / Primera Hora
La presidenta del Consejo General de Educación, Carmen Luz Berríos Rivera, objetó hoy en su deposición ante la Comisión de Educación y Asuntos de Familia del Senado, el que se impongan penalidades y suspensiones a aquellos estudiantes del sistema de educación pública que incurran en conducta intimidatoria, violencia o bullying, como se le conoce, sin que se establezca a su vez un programa para darles ayuda.
De lo contrario, señaló sería enviar a los niños y jóvenes a la calle, a la delincuencia. Expulsarlos sería como enviarlos a la pena de muerte a plazos cómodos.
Insistió en que si no hay recursos, hay que buscarlos en las agencias, para crear un programa para el manejo del problema de intimidación y acoso en las escuelas.
Dijo que la penalidad impuesta debe ser una educativa, donde el niño o joven comprenda que la conducta no es aceptada.
La comisión senatorial que preside Kimmey Raschke considera el proyecto del Senado 1656, sometido por Thomas Rivera Schatz, que enmendaría la Ley 149, Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico., y la Ley 148 ( ya derogada) conocida como Ley del Consejo General de Educación, para establecer penalidades a las instituciones públicas y privadas y a los estudiantes que incumplan con la reglamentación que rige los actos de hostigamiento e intimidación entre estudiante y para otros fines.
En el proyecto se expone que “el fenómeno internacional conocido como bullying es una forma de conducta agresiva, intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son jóvenes escolares”.
“No se trata de situaciones que ocurren de forma aislada o en episodios esporádicos, sino situaciones recurrentes y persistentes que pueden durar semanas, meses o incluso años. “El no recibir penalidad por sus actos crea una sensación de superioridad de que están por encima de la ley”, se indica.
La Ley 49 prohíbe estos actos, pero se señala en el proyecto que se adolece de herramientas efectivas para imponer penalidades por incumplimiento de la política pública.
El proyecto enmienda la Ley 149 para que se suspenda a los estudiantes que violen la reglamentación por cinco días, en un primer incidente. Un segundo incidente conllevaría 10 días de suspensión escolar y el tercer incidente, suspensión indefinida.
Se impondrían multas administrativas de $200, $500, y $1,000 si el funcionario público de la escuela no informa o refiere al Departamento de la Familia los casos de violencia donde están involucrados los llamados bullying.
Hay que buscar la raíz
“Entiendo que el proyecto atiende nuestras recomendaciones de que se desarrolle un programa para que se atiendan las actuaciones de los niños y jóvenes que están llevando esa conducta indebida. Si se establece un programa de ayuda, será positivo”, dijo Cruz a Primera Hora.
¿El bullying es un problema serio en Puerto Rico?
Siempre hay niños de corta edad y jóvenes convirtiéndose en agresores. Hay que buscar la raíz del problema.
¿Cuál es?
El modelaje, el hogar, la irresponsabilidad de los padres o tutores.
En tanto, la senadora Raschke comentó a este diario que el proyecto le daría fuerza de ley para el cumplimiento de la reglamentación y el protocolo.
En su deposición, Cruz expuso que a nivel mundial las situaciones de intimidación en el escenario educativo han generado todo un movimiento para enfrentar la creciente conducta de violencia.
Al referirse al proyecto señaló: ”…Estas penalidades no toman en consideración la raíz del problema del acoso, ni prevé las consecuencias que estas penas acarrearán en la vida de ese individuo, ni el efecto acumulativo que tendrá para todos nosotros como sociedad, precisamente porque esta conducta se desarrolla en un escenario escolar. La penalidad impuesta debe ser una educativa, donde el niño o joven comprenda que la conducta no es aceptada y que la sanción es razonable y proporcional al daño causado”, dijo.
“La suspensión escolar, más que una pena, es para esas personas que manifiestan esa conducta, es un premio en la inmediatez ya que lo saca de un lugar donde obviamente no entiende la razón por la que está allí”, apuntó.
“Por otro lado, se le estaría enviando un mensaje de rechazo que generalmente ha recibido y que ha generado la conducta de agresor o de agredido”, dramatizó.
Agregó que expulsar estudiantes que no tienen destrezas básicas para manejar sus emociones, principalmente el coraje en nuestras escuelas, es como sentenciarlos a la pena de muerte a plazos cómodos. La suspensión indefinida de un estudiante del sistema, como reprimenda a su conducta, no debería ser jamás considerada por el Gobierno ni por educadores…”sentenció.
