Un proyecto gestado por la senadora Lucy Arce prohibiría que un ofensor registrado cuya víctima fuera menor de edad resida a una distancia menor de 1,000 pies de un centro de niños. (Primera Hora / Archivo / Heriberto Castro)

lunes, 18 de junio de 2007
Firuzeh Shokooh Valle y Oscar J. Serrano / Primera Hora

Primero de una serie

El mismo sector, la misma urbanización, a veces la misma calle.

Una investigación de PRIMERA HORA reflejó que cientos de los agresores sexuales incluidos en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso de Menores aparecen con residencias cercanas a escuelas públicas y centros de cuido diurno de menores. La comparación entre las direcciones apuntan a que, en estos casos, el ofensor registrado puede estar residiendo en la misma urbanización, la misma calle o el mismo sector en el que ubican las escuelas públicas o los centros de cuido. También, hay ofensores que aparecen viviendo cerca de ambos, de una escuela y de un centro de cuido.

El porciento de ofensores por municipio que reside cerca de escuelas o centros varía, pero va desde el 11 por ciento en Vieques hasta el 100 por ciento en Barranquitas.

Por ejemplo, uno de los ofensores registrados en Ponce aparece viviendo en la misma urbanización en la que ubica la escuela Áurea E. Rivera Collazo, sector donde también se ubica un centro de cuido. En Trujillo Alto, hay un ofensor registrado con residencia a unos 328 pies de la escuela Juan J. Osuna, y a unos 1,312 pies (poco menos de medio kilómetro) de un centro de cuido. En Añasco, la residencia oficial de un ofensor ubica también a menos de medio kilómetro de la escuela Quebradas Larga.

PRIMERA HORA realizó la comparación a base del banco de datos de ofensores que custodia el Departamento de Justicia, nutrido por información de la Policía, y de las listas de planteles del Departamento de Educación (DE), así como la lista de centros de cuido licenciados por el Departamento de la Familia. La comparación no fue científica porque las tres entidades no guardan las direcciones en el mismo formato. En ocasiones, el Registro (disponible en la dirección http://sijc.gobierno.pr/CJISPortal/SexualOffenders/Disclaimer.aspx) refleja imprecisiones en cuanto al lugar exacto de residencia del agresor. Se incluye, por ejemplo, el barrio o el nombre de un negocio cercano, pero no el número de la casa o apartamento. Asimismo, los códigos postales a veces aparecen vinculados a sectores que no les pertenecen.

El método seguido durante la investigación, que se extendió por varias semanas, fue segregar las direcciones por municipio y compararlas entre sí. Las listas no incluyen colegios privados ni áreas recreativas públicas. Autoridades consultadas durante la investigación confirmaron que este tipo de análisis de proximidad nunca se había realizado en la Isla, en donde el manejo del problema de los ofensores sexuales ha respondido casi completamente a calcar leyes de Estados Unidos o a responder a las exigencias que el Congreso ha hecho sobre este tema a todos los estados y territorios. De hecho, al menos 22 estados tienen restricciones de residencia para sus ofensores sexuales con variaciones de distancia que van desde los 500 hasta los 2,500 pies. Otros cientos de municipalidades han hecho lo mismo y tres estados contemplan requerir que los ofensores tengan que poner tablillas en sus vehículos de motor que los identifiquen como tal.

El ejercicio de este diario adelanta también las dificultades de implantación que podría tener un proyecto de la senadora Lucy Arce, que ya pasó a la consideración de la Cámara de Representantes, y que prohibiría que un ofensor registrado resida a una distancia menor de 1,000 pies "de un centro de cuidado y desarrollo del niño, parque, área recreativa o escuela cuando la víctima del delito por el cual fue convicto hubiere sido un menor de dieciocho años de edad".

Además de la falta de garantías de que el radio de 1,000 pies realmente ponga distancias entre los ofensores y los planteles, la investigación de este diario también reveló que algunos agresores sexuales están evadiendo el Registro mediante la alegación de culpabilidad por un delito menor o distinto, que no requiere que la persona entre al Registro, lo que hace que el Registro no sea una representación universal de las personas que las autoridades saben que agredieron sexualmente a menores.

Durante la consideración de la medida en el Senado, Familia pidió que se expandiera a otros lugares donde se congregan menores como restaurantes de comida rápida, parques e iglesias, mientras que la Junta de Libertad Bajo Palabra advirtió que una prohibición de residencia no es garantía "plena" de que no van a volver a delinquir, y Educación se opuso porque "los agresores sexuales generalmente buscan los lugares apartados con el propósito de evitar ser reconocido y delatado".

Paralelamente, el Senado tiene bajo consideración otro proyecto importado de Estados Unidos para que los "delincuentes sexuales peligrosos" incluidos en el registro tengan que colocar un aviso en su residencia en el que den cuenta de que están registrados.

Otra complejidad del problema de los ofensores sexuales y el esquema de registro es que, como advirtió Robert Coombs, de la Coalición contra la Agresión Sexual de California, "estadísticamente los niños son mucho menos atacados en un parque que en sus casas". Es decir, que el Registro está diseñado y justificado sobre la base de que es un sistema de alerta a la comunidad, pero los menores están más expuestos a que el agresor sea un familiar que a que sea un extraño.

Un estudio del Negociado de Investigación de California encontró que "desafortunadamente, hay pocos estudios sobre la efectividad de restringir los lugares de residencia disponibles para los ofensores sexuales, pero los pocos estudios disponibles encuentran que no tienen impacto sobre las tasas de reincidencia".