jueves, 27 de marzo de 2008
09:16 p.m.
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Políticos y candidatos a la gobernación en las próximos comicios expresaron su sentir tras las acusaciones de la fiscalía federal contra el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, y otro 12 figuras allegadas al Partido Popular Democrático.
El candidato independentista a la gobernación, Edwin Irizarry Mora, dijo que “las acusaciones criminales requieren de todos mucha madurez, y exige del pueblo puertorriqueño un profundo examen de conciencia”.
“Con las acusaciones contra el Gobernador nadie gana y el gran perdedor es el pueblo de Puerto Rico”, sostuvo en parte de prensa reseñado por Prensa Asociada.
Irizarry Mora reconoció que estas acusaciones podrían agravar la economía y el sistema gubernamental del país. Recordó que en los últimos años la fiscalía federal ha presentado cargos de corrupción a funcionarios gubernamentales.
"Gobernador, hágalo por el pueblo de Puerto Rico, entréguese a las autoridades federales, todos los ciudadanos estaremos vigilando que el proceso sea uno imparcial y que garantice que se haga justicia", dijo Rogelio Figueroa, candidato a la gobernación por el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico. "En cuanto a las operaciones del gobierno de Pueblo de Puerto Rico estamos haciendo un llamado a todos los empleados públicos a que continúen con el trabajo ordenado por nuestra constitución".
Figueroa hizo un llamamiento al país "a que veamos esta situación como una oportunidad para comenzar un proceso de sanar nuestro gobierno de la corrupción y la venta de influencias y comenzar a crear un gobierno que decida para la gente".
El alcalde de San Juan, Jorge Santini, igualmente lamentó el momento que vive el pueblo.
“Se le debe dar espacio al gobernador para que pueda expresarse y darle una explicación al país”, pidió en un comunicado de prensa.
En cambio, Héctor Pesquera, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, aseguró en expresiones escritas que los hechos demuestran “el carácter colonial anacrónico del Estado Libre Asociado”.
“Solamente a los puertorriqueños, (es) a quienes nos corresponde decidir y actuar sobre nuestro futuro político y sobre las decisiones que nos afectan como pueblo”, puntualizó.
La presidenta del Colegio de Abogados, Celina Romany, dijo que “los eventos que están ocurriendo representan un duro golpe para todos los individuos envueltos y sus familiares”.
La líder de los togados, quien se encuentra en Nueva York, catalogó como lamentable la situación, y que “es tiempo de mantener la calma y, sobre todo, la mesura”.
“Corresponde exclusivamente a un jurado compuesto por ciudadanos, determinar si la fiscalía es capaz de probar su caso mas allá de duda razonable”, agregó en un comunicado.
Los acusados allegados se exponen a penas individuales de cárcel de entre tres y 20 años.
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