lunes, 7 de junio de 2010
04:43 p.m.
Nydia Bauzá / Primera Hora
El juez superior José R. Negrón Fernández le ordenó esta tarde a la Universidad de Puerto Rico (UPR) a que emplace a los dirigentes del movimiento estudiantil antes de este jueves al mediodía.
El magistrado ordenó a la administración universitaria a que ejecute todos los emplazamientos personalmente con copia de la demanda enmendada y de la orden judicial. Señaló una vista de status del caso para este viernes a las 10:00 de la mañana.
Por el momento, declaró no ha lugar emplazamientos por edicto de los estudiantes Waldemiro Vélez Soto, Rosally Motta, Ian Camilo Cintrón, Roberto Thomas, Adriana Mulero y Víctor Rodríguez. El juez dispuso que la UPR tiene que volver a radicar la solicitud acreditando haber hecho gestiones adicionales para localizar personalmente a estos co demandados.
De hecho, ya Adriana Mulero se había sometido hace dos semanas a la jurisdicción del tribunal sin haber sido emplazada. También hizo lo mismo, el representante estudiantil ante la Junta Universitaria, René Vargas.
Negrón Fernández acogió una moción que radicó hoy la UPR en la que le informó al tribunal que procederá con los emplazamientos de una veintena de estudiantes demandados porque el diálogo no ha rendido frutos.
“A pesar de las múltiples reuniones con los representantes estudiantiles, el conflicto continúa y no se ha permitido a la administración universitaria retomar el control de los accesos a los recintos”, dijo el bufete McConnell Valdés, en una moción al vencer al mediodía el plazo que le había otorgado a la UPR el juez Negrón Fernández.
El bufete señala en la moción que en la madrugada del jueves tres de junio se le arrebató a la Universidad el control sobre el único portón que controlaba en el Recinto de Río Piedras. Alega además que hubo actos de vandalismo contra propiedad universitaria.
“Inclusive se colocó alambre de púa alrededor de la Oficina de Seguridad. Ante este cuadro y por razones de seguridad, la Rectora interina (Ana Guadalupe) se vio forzada a retirar a la Guardia Universitaria del Recinto”, sostiene la moción radicada por los abogados, Raúl Arias Marxuach y Marlyssa Álvarez, a nombre de la UPR.
La moción indica que no obstante “las concesiones” hechas durante el diálogo sostenido con los representantes estudiantiles éstos no han reabierto los portones para que la Universidad y el resto del estudiantado puedan reanudar su semestre académico”.
Los abogados indican en el documento que la administración universitaria paralizó los trámites del litigio por varias semanas para dar espacio a las negociaciones. Sostienen que hasta el día de hoy se habían celebrado 11 reuniones con el Comité Negociador Estudiantil.
“La administración universitaria permanece abierta al diálogo, pero ésta no puede claudicar sus responsabilidades institucionales. Sabido es que la libertad de expresión no es absoluta y está sujeta a restricciones de tiempo, modo y lugar”, sostiene la UPR en el documento legal.
La UPR demandó originalmente al presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE), Gabriel Laborde y después que desistió contra otros estudiantes, enmendó la demanda para incluir al Comité Negociador y a otros dirigentes del movimiento estudiantil.
