En conferencia de prensa, representantes de diversas entidades gubernamentales anunciaron el comienzo de lo que denominaron el “Campamento de justicia laboral y acción sindical”. (Alex Figueroa Cancel / Primera Hora)
lunes, 30 de enero de 2012
Actualizado hace 116 días
(creado
06:59 a.m.)
Alex Figueroa Cancel / Primera Hora
Varias organizaciones obreras iniciaron hoy en la madrugada un campamento permanente frente al Departamento del Trabajo para denunciar que las negociaciones de unos 26 convenios colectivos que abarcan 60 mil empleados públicos se encuentran “empantanadas” por diversas razones.
En conferencia de prensa, representantes de diversas entidades gubernamentales anunciaron el comienzo de lo que denominaron el “Campamento de justicia laboral y acción sindical”.
Las organizaciones sindicales participantes son: Unión General de Trabajadores, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Federación Central de Trabajadores, Central Puertorriqueña de Trabajadores, Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, Unión de Tronquistas y Hermandad de Empleados de la Autoridad de los Puertos, entre otros.
Durante la conferencia de prensa anunciaron una marcha hacia La Fortaleza el viernes, 10 de febrero, partiendo desde el Capitolio. También se unirán a la marcha en contra del gasoducto convocada por Casa Pueblo, que se llevará a cabo el 19 de febrero a las 10:00 a.m., desde el Cuerpo de Ingenieros en Puerta de Tierra hasta Fortaleza.
El campamento se mantendrá frente al Departamento del Trabajo en Hato Rey hasta el viernes.
Entre las organizaciones representadas, se abarcan unos 26 a 30 convenios colectivos, pero se estima que si suman otras entidades gubernamentales el total de acuerdos laborales pendientes a ser completadas puede llegar hasta 60.
"Lo que hagamos antes y después del viernes será una sorpresa", dijo Manuel Perfecto Torres, portavoz de la actividad. "Un paro general nunca se descarta, pero los trabajadores tenemos que ser más creativos. No podemos seguir haciendo más de lo mismo".
Indicó a Primera Hora que existen otros métodos que pueden ser más efectivos, "especialmente en año de elecciones, cuando el gobierno no quiere tener controversias. En la medida en que escalonemos nuestras acciones, podemos recibir más atención".
Perfecto Torres explicó que luego de que venciera la vigencia de la congelación de las cláusulas económicas de la Ley 7 de emergencia fiscal para los convenios colectivos, bajo la Ley 45 de la Sindicación de los Empleados Públicos en marzo del año pasado, los intentos por negociar los aspectos económicos que consideran justos en el ámbito salarial a los cerca de 60,000 empleados públicos han sido infructuosos.
Asimismo, indicó que les preocupa la cercanía del 30 de junio de este año. Por la veda electoral, a partir de esa fecha no podrán negociar hasta marzo de 2013.
Por su parte, Federico Torres Montalvo, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores del Estado, denunció que mientras se intenta recortarles beneficios y salarios por supuesta falta de presupuesto, "el bufete Goldman Antonetti & Córdova se ha beneficiado con pagos pot contratos de servicios legales" que ascienden "a $3.2 millones desde el 2009.
"Ya es tiempo de ponerle coto a esta hipocresía de medicina amarga para el pueblo trabajador, mientras para los riquitos allegados al partido en el poder todo es miel sobre hojuelas", afirmó Torres Montalvo.
