El secretario de Educación, Carlos Chardón, tendrá que notificar a los padres de los niños de educación especial los recursos que se verán reducidos a consecuencia de la Ley 7. ( Archivo)
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Nydia Bauzá / Primera Hora
El juez superior José R. Negrón Fernández le ordenó al secretario de Educación, Carlos Chardón, a que antes de la medianoche del 6 de noviembre les notifique a los padres de los niños de educación especial los recursos que se verán reducidos a consecuencia de la Ley 7.
El magistrado le ordenó también al titular de Educación que provea a los demandantes en el pleito de clase de Rosa Lydia Vélez, uns lista de todos los puestos que quedarán vacantes producto de las cesantías y un plan de acción detallado para que las cesantías que se lleven a cabo y el impacto en los recursos no afecten la continuidad de los servicios.
“El incumplimiento de cualesquiera de estas órdenes, además de conllevar sanciones, se entenderá como que la parte demandada no tiene un plan de acción adecuado que garantice el continuo de los servicios de educación especial a la clase demandante, lo que conllevará además que podamos emitir órdenes adicionales”, concluyó Negrón Fernández en una sentencia emitida ayer.
Los demandantes le solicitaron al tribunal que dejara sin efecto el plan de cesantías hasta tanto el Departamento de Educación cumpliera con una de las estipulaciones acordadas en el viejo litigio que específicamente se refiere a que cualquier disminución en los recursos dedicados al programa de educación especial le tiene que ser notificada junto con la justificación para ello.
“No hay duda de que con la implementación de la Ley 7, una tercera parte de los empleados de la Secretaría Auxiliar de Educación Especial han recibido cartas de cesantías, unas efectivas el 6 de noviembre y otras el 8 de enero de 2010”, sostuvo el juez.
Subrayó además que los efectos de la Ley 7 impactarán los componentes fiscales de los Centros de Servicios de Educación Especial.
Actualmente, la cantidad de jóvenes y niños de educación especial asciende a 103,118, mientras Educación sigue incumpliendo con la sentencia del caso, emitida en 2002.
