Tal como lo solicitó el juez federal Paul J. Barbadoro, se estima que el juicio dure tres meses.
sábado, 26 de abril de 2008
Rosita Marrero / Primera Hora
Si el juez federal Paul J. Barbadoro acepta el plan, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá sería juzgado en el primer trimestre de 2009, con el inicio de la prueba el 9 de febrero.
Las partes en el caso contra el Gobernador y otros 12 acusados de delitos relacionados con el financiamiento de campañas electorales afinaban ayer el plan de manejo del caso para que el juez Barbadoro, del distrito de Nuevo Hampshire pero asignado como juez visitante, apruebe o rechace el itinerario.
La fecha del 9 de febrero, sugerida por los abogados de defensa y la fiscal María Domínguez, es para que comience a verse el juicio en su fondo. Esta fecha incluye la selección del jurado, un proceso que se estima tomaría de dos a tres semanas.
Tal como lo solicitó el juez Barbadoro, el equipo de trabajo estimó en tres meses la duración del juicio.
El tiempo lo dividirían por partes iguales: mes y medio para que el Ministerio Público presente su prueba y mes y medio para la defensa.
Como parte del plan de manejo del caso, contenido en un documento de 20 páginas, las partes tienen que establecer el término en que se deberán radicar las mociones al Tribunal Federal previo al juicio.
PRIMERA HORA supo que la defensa del Gobernador labora afanosamente en varias mociones, incluida una petición de desestimación de los cargos, que presentará en los próximos dos meses.
“Ellos van a impugnar uno por uno todos los cargos. Pudiera ser por falta de jurisdicción o por vencimiento de los términos prescriptivos”, comentó una fuente.
“Es lo que se conoce como un omnibus motion mediante la cual se atacan todas las imputaciones”, agregó.
Otras mociones irán dirigidas a que el Gobierno informe sobre la interceptación de llamadas telefónicas y comunicaciones electrónicas.
“A la gente le interceptaron llamadas. En la medida que lo hayan hecho o no, tienen que cumplir con revelarlo”, dijo la fuente.
También se someterán mociones de supresión de evidencia.
Los abogados de Filadelfia, de donde son algunos de los acusados, solicitarán una orden de protección para que la prensa no tenga acceso a cierta información. En este punto no hubo acuerdo, por lo que solicitaron tiempo para seguir negociando.
De acuerdo con varios letrados, a pesar de la dificultad de ponerse de acuerdo con mucha gente, “se ha visto la buena voluntad de todas las partes”.
Barbadoro recibió ayer las estipulaciones en el Tribunal de Nuevo Hampshire.
