De primera mano
lunes, 30 de agosto de 2010
¿Quién choteó?
Andan en busca de quién o quiénes ofrecieron detalles de los representantes legales en el caso Cacho vs. Hatton, publicados el lunes pasado en este espacio. Nueva información apunta a que el ex gobernador Carlos Romero Barceló se unió al equipo legal de Robert Hatton después de que se conoció la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce en favor del demandante Ramón A. Cacho, quien a su vez tiene como abogado al ex gobernador Rafael Hernández Colón. En defensa de éste dicen que “estuvo envuelto en todas las fases del juicio” y se ha fajado en este caso sobre nulidad de contrato, daños y perjuicios y usura, asuntos que no tienen nada que ver con la política. Pero hay muchos chavos de por medio, ya que el Tribunal de Ponce le concedió al demandante una compensación de $12 millones. Romero Barceló cuenta ahora en el equipo con el ex juez asociado del Tribunal Supremo Efraín Rivera Pérez, que renunció al más alto foro judicial el 31 de julio. El caso está en el Tribunal Apelativo y la representación legal que gane se llevará una tajada de más de $3.5 millones, es decir, el 33% de los $12 millones mencionados. Y si llega al Tribunal Supremo, ¿qué hará el caucus azul?
Se barajan tantos escenarios para las elecciones de 2012 que cualquier cosa puede ser una realidad macondiana. Hace poco, en un conocido restaurante de Hato Rey, se celebró una reunión de estadistas y lo que llamó la atención fueron unos banderines en los autos de los asistentes que decían: “Por ahí viene papá”. Se dijo que se trata de Pedro Rosselló. ¿Será éste el as bajo la manga de Thomas Rivera Schatz?
Ante la incógnita de lo “obvio”, hay versiones que colocan a Luis Fortuño fuera de carrera en el 2012 y con miras a presidir el Partido Republicano Nacional para a través de “su hispanismo atraer el voto hispano” allá. La pregunta obvia es cómo va a dividir esas funciones con las de gobernador. ¿O eso tampoco se pregunta?
Off the récord:
Novelón en Hacienda
El chisme está candente en el Departamento de Hacienda. Dicen que el secretario Juan Carlos Puig tiene los días contados debido a un conflicto de intereses que él niega, pero que se asegura que ya le costó el matrimonio.
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