jueves, 26 de enero de 2012
01:20 p.m.
Primera Hora
Un contrato de $9.2 millones de dólares, por un período de seis meses y medio, adjudicado por el Municipio de San Juan a SM Nursing Services, Inc., compañía que fue incorporada en el Departamento de Estado 24 horas antes de comenzar a ofrecer servicios de enfermería en varias facilidades de salud de la Capital, despierta sospechas en la representante popular Carmen Yulín Cruz Soto, quien pidió hoy a la Oficina del Contralor que investigue.
“Se trata de una contratación con apariencia de favoritismo por el súbito origen de la compañía. Un buen administrador no negocia servicios por $9.2 millones, en un área tan importante como la salud, con una compañía que se incorporó a las 3:34 de la tarde el día antes de comenzar a rendir sus servicios. Un Alcalde que tenga el bienestar de su gente en mente, no permite que se negocie un contrato de millones con una entidad que no existe. Cuando uno negocia con una empresa hecha a la medida lo hace posiblemente porque alguien en el Municipio tiene una relación estrecha con alguien cercano a la compañía”, afirmó la líder del PPD en conferencia de prensa.
El gobierno capitalino canceló el 16 de diciembre de 2010 el contrato que mantenía con la firma Quick Radiology, y al día siguiente, anunció un acuerdo con la compañía SM Nursing Service, Inc. para contratar todos los servicios de enfermería y escolta de los Centros MAS Salud, Hospital San Juan, Programa SIDA, San Juan Aging Center entre otros.
“Un administrador responsable no permite que se negocie con una empresa sin – entre otras cosas – saber si tiene la capacidad económica para pagar a las enfermeras y garantizar la continuidad del servicio a nuestros ciudadanos”, enfatizó Cruz Soto.
La legisladora del PPD, cursó una comunicación a la Contralora Yesmín Valdivieso solicitando que se revise la contratación que obra en poder de su agencia que claramente demuestra que los servicios comenzaron a ofrecerse el 17 de diciembre del 2010 y el contrato se firmó el 13 de enero del 2011 y fue registrado en la Oficina del Contralor el 14 de enero 2011.
“Por supuesto que hay premura en la contratación de estos servicios pero un buen administrador se hubiese encargado de que todo se hubiese hecho de acuerdo a la ley. Al comenzar a dar los servicios antes de que el contrato hubiese sido registrado en el Contralor se está violando la ley Núm. 18 del 30 de octubre del 1975 que dispone que no se pueden exigir prestación ni contra prestación de servicios sin que el contrato este registrado en dicha oficina”, advirtió.
