La sentencia contra el ex senador Héctor Martínez está señalada para el próximo 29 de febrero. (Archivo)
miércoles, 22 de febrero de 2012
Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora
El drama del tribunal culminó con un veredicto de culpabilidad contra el ex senador Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo, pero lo que acontece tras bastidores es una guerra de mociones que pretende agravar o aliviar la situación de los acusados.
Los representantes legales de Martínez, quien fue encontrado culpable de actos de corrupción junto con el empresario, objetaron un memorándum presentado por la División de Integridad Pública de la Fiscalía Federal que solicitó la aplicación de agravantes en la sentencia del ex legislador.
Durante una moción que refutó el memorándum que pretende ayudar al juez federal Francisco Besosa en la sentencia que dictaría contra Martínez, la defensa planteó que la Fiscalía Federal busca de manera “inapropiada” aumentar la sentencia del ex funcionario al imputarle un acto de soborno mucho más serio que el presentado originalmente.
Incluso, la moción de la defensa, de unas ocho páginas a doble espacio, intenta poner en entredicho si hubo un quid pro quo (algo a cambio de algo) entre Bravo, ex presidente de Ranger American, y Martínez.
“No solamente el Gobierno se equivoca en la aplicación de una guía equivocada, sino también busca aumentarle el nivel de ofensa de Martínez bajo las Guías de soborno”, sostiene la moción, al hacer referencia a las que utilizan los jueces para dictar una sentencia. Los jueces no necesariamente tienen que seguirlas al fijar una pena.
Un jurado encontró culpable a Martínez y a Bravo el pasado 7 de marzo de actos de corrupción relacionados con un viaje que el ex senador hizo con el empresario para ver una pelea entre Tito Trinidad y Winky Wright. La Fiscalía Federal probó que Bravo les pagó el viaje a Martínez y al ex senador Jorge de Castro Font a cambio de que éstos favorecieran dos proyectos de ley que adelantaban los intereses económicos de la empresa. De Castro Font se declaró culpable en el caso federal.
La sentencia de Martínez y Bravo se programó para el próximo 29 de febrero y, de ser necesario, se extenderá hasta el 1 de marzo en la sala del juez Besosa. Se espera que las partes argumenten fogozamente para aumentar o disminuir las sentencias, que al fin y al cabo es discreción del juez.
Las penas máximas para Martínez y Bravo son cinco y 20 años de prisión, respectivamente, pero podrían cumplir sentencias reducidas al tratarse de su primera infracción.
