miércoles, 14 de diciembre de 2011
Mariana Cobián / Primera Hora
“Entendemos necesario tomar un remedio provisional ante los episodios anímicos que ha exhibido la jueza (Inés) Rivera Aquino que pueden impedirle el desempeño adecuado de sus funciones judiciales”.
El juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, dio a conocer ayer una orden administrativa emitida el 7 de diciembre en la que se determina relevar de sus funciones a la magistrada Rivera Aquino en lo que se dilucida “si la jueza se encuentra emocional y físicamente apta para dirigir los procedimientos en sala y cumplir con las funciones de su cargo”.
Esto fue a raíz de un episodio que sufrió la jueza en su sala del Tribunal de Carolina el 31 de agosto pasado, cuando comenzó a hablar incoherencias y a quedarse dormida en medio de los procesos, por lo que tuvo que ser auxiliada por personal del centro judicial, como informó Primera Hora.
De la orden administrativa se desprende que, una vez en su despacho, “se mantuvo llorando y hablando constantemente, de manera accidentada...”.
Fue entonces que se reportó al Fondo del Seguro del Estado y no ha ejercido desde ese día.
La orden administrativa indica que la pesquisa continúa, pero tras escuchar las declaraciones de la secretaria jurídica de Rivera Aquino y del juez administrador de la región judicial de Carolina, decidieron tomar la acción provisional.
Según su secretaria jurídica, Rivera Aquino se notaba “ansiosa” en esos días y hablaba con ella por hora y media o dos horas previo a abrir sala “de diferentes temas a la vez, repitiendo una y otra vez los mismos asuntos”.
Además, le escribió una carta alegando que la madre de la víctima de un caso que atendió “se pasaba continuamente parada en la ventana de la puerta de la sala, mirándola por horas”. Dijo que la mujer hacía gestos de cortarle la cabeza, pero sus alegaciones no se pudieron corroborar.
Mientras, el juez administrador Alberto Pérez Ocasio indicó que un día Rivera Aquino recogió sus pertenencias y le dijo que se iba a trabajar a la región judicial de Guayama. Pérez Ocasio indicó que “tuvo que razonar con ella” para recordarle que no podía cambiarse por iniciativa propia y que OAT no había ordenado su traslado.
Rivera Aquino fue víctima de duras críticas por parte de políticos y de la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, por encontrar culpable de asesinato atenuado a un asesino confeso, en lugar de asesinato en primer grado.
Esto provocó que la familia de la víctima, Carolyn Sánchez, emitiera una querella en su contra, ya que la jueza hizo comentarios en sala en los que daba a entender que la occisa merecía lo que ocurrió por serle infiel a su esposo -de quien estaba separada- el hoy convicto Leslie Javier Álvarez.
El hermano de la víctima, Christopher Sánchez, dijo estar “un poco satisfecho” con la determinación de OAT, “pero no se ha completado porque es suspensión temporera”.
“Tenían que tomar una decisión y decidieron sacarla por el momento. Así lo dejarán hasta octubre de 2012, cuando vence su nombramiento, para dejarlo en el limbo”, opinó Sánchez, quien aún espera el resultado de la querella que presentó en julio pasado.
“Evidentemente, ella no estaba apta desde el principio. Todos los que se sentaban en aquella sala decían que esa señora no estaba capacitada, que hablaba cosas que no tenían sentido, llegando a conclusiones que no son. Su comportamiento durante el caso, todos nos dimos cuenta que no estaba capacitada. La situación del 31 de agosto abonó y tenían que tomar una determinación, pero creo que le están dando largas al asunto”, agregó.
Dijo que está asesorándose para ver la posibilidad de reabrir el caso y solicitar un nuevo juicio contra el asesino de su hermana “para arreglar el error que cometió”.
Álvarez confesó que el Viernes Santo de 2010 fue a la casa de Sánchez y vio que había intercambiado mensajes de texto con otro hombre, por lo que discutieron, pero ella lo ignoraba y le decía que no quería estar más con él. Fue entonces cuando tomó un tubo de cambiar tuercas de neumáticos y la golpeó en la cara, desfigurándola hasta causarle la muerte.
El propio hijo de la jueza, José Antonio Carrasquillo Rivera, denunció a este diario que su madre necesitaba ayuda psicológica. El joven indicó que su madre comenzó a afectarse emocionalmente tras el asesinato de su hijo mayor en 1996, cuando ella era fiscal.
Tanto así que radicó un caso de violencia doméstica contra su ex esposo y padre del joven, José Antonio Carrasquillo Rodríguez, que terminó archivándose, y su hijo estaba dispuesto a testificar en su contra por entender que la querella no era meritoria.
