David Noriega, quien presidió el Comité Blue Ribbon, hizo en el 2003 un referido a Justicia sobre las movidas sospechosas en el Priif. (El Nuevo Día / Archivo)
miércoles, 22 de agosto de 2007
Leonardo Aldridge / Primera Hora
Los últimos días en Pridco en 2000 parecían una venta de liquidación.
Luego de las elecciones de noviembre de 2000, en las que Sila M. Calderón resultó victoriosa y Pedro Rosselló comenzó a recoger sus bártulos, los desembolsos de incentivos otorgados por la Compañía de Fomento Industrial (Pridco) fluyeron sin límite alguno a un sinnúmero de empresas.
Xavier Romeu, quien como director ejecutivo de Pridco y secretario de Desarrollo Económico y Comercio administraba los fondos Priif, tramitó incentivos a 41 empresas por un monto total de $44 millones, de acuerdo con investigaciones periodísticas de PRIMERA HORA y del llamado Comité Blue Ribbon que presidió el ex representante independentista David Noriega.
Pero, en sus últimos ocho días en Pridco, Romeu concentró la entrega de incentivos: tan sólo entre el 21 y el 29 de diciembre de 2000, el ahora imputado desembolsó $17.5 millones que no dieron fruto.
Las empresas beneficiadas por los incentivos debían generar empleos como condición para recibir el aliciente económico, pero la mayoría nunca lo hizo y algunas incluso abandonaron la Isla.
“Esto es sólo el comienzo, sólo una parte de lo que fue el esquema de Priif”, dijo ayer Noriega a PRIMERA HORA.
El Blue Ribbon hizo un referido a Justicia en 2003 que dio pie a la investigación que acarreó las acusaciones presentadas contra Romeu y el contratista que presuntamente se benefició, José “Cheo” Madera, quien fue administrador de Fomento Económico, precursor del actual Departamento de Desarrollo Económico, durante el gobierno de Carlos Romero Barceló y ahora es asesor del presidente cameral José Aponte.
Para finales de 2000, Madera era un contratista que facturaba por servicios profesionales relacionados con el desarrollo económico.
La minoría popular en la Cámara aprovechó la acusación contra Madera para exigirle a Aponte que cancele “de inmediato” sus contratos.
“Aponte debe destituir a este funcionario de inmediato y revelar el trabajo que éste había hecho para una nueva ley de incentivos industriales. Ahora sabemos por qué la secretividad en los trabajos con la nueva ley y en las manos de quién se puso la estabilidad económica del país”, dijo el representante Luis Vega Ramos.
