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martes, 21 de abril de 2009
Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora
Se conduele de los padres alimentantes de bajo ingreso que después de pagar la pensión alimenticia de sus hijos sólo se quedan con $515 para poder subsistir.
Para ayudarlos, la nueva titular de la Familia, Yanitsia Irizarry, anuncia que procurará un aumento para esa reserva.
“Ellos (los padres) tienen razón. La reserva de $515 para que una persona viva en Puerto Rico resulta injusta en muchos casos. La verdad es que en Puerto Rico los procesos alimentarios de los menores tienen que ser revisados”, subrayó la Secretaria en entrevista exclusiva con Primera Hora.
Según la funcionaria, la pasada administración falló al establecer unas guías para las pensiones “de forma apresurada”. Lo hizo “para cumplir con unas directrices federales”, pero esa reglamentación, insistió, tiene que ser revisada.
Las mujeres van a poner el grito en el cielo cuando lean esto...
“No, las mujeres no se me van a ir en contra porque vamos a establecer un balance. Cuando haya circunstancias extraordinarias, cuando haya niños con necesidades especiales, llámense tutorías, tratamientos u otros, vamos a proteger a los más débiles”, dijo Irizarry, una abogada especialista en derecho de familia.
Las guías para las pensiones alimenticias de los menores en Puerto Rico de 2005, además de establecer en $515.00 mensuales la reserva mínima de ingreso personal para el padre no custodio, exigieron que ningún menor podrá recibir menos de $100.00 mensuales.
Esas normas fueron recibidas con agrado por las madres, pero los que pagan pensión, en su mayoría hombres, insisten en que con ellos se ha cometido una injusticia.
La nueva titular de la Familia también develó que tiene en agenda procurar que se faciliten los procesos de adopción de niños en la Isla.
Esos trámites, dijo, tienen que acelerarse, acortando los periodos en que podrá ejecutarse la privación de la patria potestad de los padres biológicos, esto a tenor con la oportunidad que se supone se les brinde para rehabilitarse y poder recuperar a sus hijos.
La Secretaria explicó que acortar los periodos conlleva legislación, un asunto que ya se está discutiendo con varios legisladores y la primera dama Lucé Vela.
“Los únicos enemigos de la adopción son aquellos que entienden que la adopción es enemiga del principio de fortalecer la familia. No es cierto. Mi obligación es armonizar ambas cosas. Procuraré la rehabilitación de aquellas familias que quieran rehabilitarse”, dijo Irizarry al recalcar que nadie debe pensar que ella tiene el propósito de quitarles los hijos a los pobres.
Se reafirmó en que el Departamento que dirige tiene la obligación de darles a los padres las herramientas para poder sobreponerse a sus problemas y recuperar a sus hijos, pero mencionó que éstos tienen “que estar verdaderamente comprometidos con asumir de manera valiente la responsabilidad maravillosa de ser padres”.
“El cambio de la Ley 342 para el Amparo a Menores de la Niñez de 1999 (aprobada bajo la administración de Pedro Rosselló) y la Ley 177 de 2003(del gobierno de Sila M. Calderón) no ha sido muy saludable”, dijo, pero advirtió que a ella no le interesa revertir el estado de derecho a lo que existía hace 10 años.
La ley de 1999 apenas les ofrecía a los padres biológicos seis meses para tomar una acción afirmativa de cambio hacia la rehabilitación. La 177 otorga un año máximo para que el padre biológico demuestre su transformación.
