El Secretario de Vivienda, en la foto, recalcó que los ocupantes tienen opciones, viables y legales, para obtener vivienda segura y sanitaria. (Archivo)

miércoles, 2 de diciembre de 2009
08:09 p.m.
CyberNews

El secretario del Departamento de la Vivienda, Yesef Cordero, exhortó una vez más a las familias que ocupan los terrenos de Villas del Sol en Toa Baja a desalojar los mismos y no seguir arriesgando la salud de sus hijos por querer mantenerse en el lugar.

“Como padre de familia me solidarizo y me duele lo que están pasando esos niños y los padres de los mismos. Pero esto debe ser otra alerta para que las personas de Villas del Sol se acojan a los programas de desalojo que estamos ofreciendo. Una vivienda segura y digna está al alcance de estos padres”, dijo Cordero Lebrón.

El secretario añadió que, “muchos de los niños y jóvenes que están en Villas del Sol ahora, residían en otras partes de la Isla. No perdamos de perspectiva que estos terrenos estuvieron vacíos para el 2005-2006, o sea, tan reciente como hace tres ó cuatro años estas personas vivían en otro sitio. No es nuestra intención juzgar qué los trajo aquí. Lo importante es que les suplicamos que acepten nuestra colaboración”.

El Titular de Vivienda recalcó que los ocupantes tienen opciones, viables y legales, para obtener vivienda segura y sanitaria.

“Esto que está pasando era previsible, pero tuvieron opciones. El gobierno no los está obligando a estar allí. Aunque la voluntad de los padres es seguir ocupando esos terrenos, no se puede arriesgar la salud de los hijos por querer mantenerse en esos terrenos.”

Entre los programas que se pueden acoger está un programa de vivienda temporera que se creó para esta situación. El mismo consiste en pagarle una renta de hasta $600 por un tiempo máximo de seis meses en la residencia que ellos elijan. Dicho periodo podrá ser utilizado por la persona para gestionar su participación en uno de los programas de la Administración de Vivienda Pública o Sección 8.

No obstante, señaló que los seis meses son para quienes entren al programa de forma voluntaria, o sea, antes de una determinación del tribunal en sus casos. En el caso de que haya alguna sentencia, sólo tendrán el beneficio por tres meses.