La Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal anunció ayer el comienzo de la segunda fase del plan de despidos de los empleados públicos. (Primera Hora / Andre Kang)

sábado, 30 de mayo de 2009
Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora

No están todos los que son, ni son todos los que están.

El gobierno de Luis Fortuño anunció ayer una primera ronda de despidos en el servicio público que afecta a 7,816 trabajadores, la mayoría de ellos maestros transitorios.

Con los 2,585 empleados que habían accedido a renunciar voluntariamente, la reducción de nómina, por ahora, se eleva a los 10,000.

Las agencias con el mayor número de recortes resultaron ser Educación, Hacienda, Salud, Familia, Transportación y Obras Públicas, y Corrección. Y la mayor parte de los perjudicados fueron los transitorios, según los números totales.

Son menos -por ahora también- los servidores públicos de carrera que se ven obligados a abandonar sus puestos.

En conferencia de prensa, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García, admitió que el panorama de los despidos presentado “no es definitivo”.

Dijo que, en el caso de Educación, el 90% de los 5,749 transitorios a los que no se le renovarán sus contratos en esa agencia son maestros del salón de clases.

En agosto, dependiendo de las necesidades que surjan en los planteles, se estará decidiendo si será necesario contar con algunos de esos empleados.

Si fuese así, queda la interrogante de si se tendría que despedir a otros empleados de carrera, de no haber otras opciones.

García explicó ayer que los requerimientos en ley son específicos y que el recorte de nómina tenía que empezar por los empleados transitorios.

En cuanto a los empleados de Hacienda con este tipo de contrato, se indicó que laboraron con el proceso de radicación de planillas sobre ingresos .

No se mencionó que haya intenciones de recontratarlos.

En esta primera ronda de reducciones, quedaron fuera 205 empleados irregulares y cinco por contrato. También un total de 6,797 transitorios, la mayoría de ellos en Educación.

Sólo serán cesanteados 809 trabajadores de carrera, con nueve meses o menos en el servicio público, lo que implica que quedaron fueran los llamados “ilegales” de la veda electoral de 2008.

Estas cesantías y suspensiones de contrato, se anunció, serán efectivas el 10 de julio. Los nombramientos de los empleados transitorios e irregulares quedarán suprimidos a su término o al 30 de julio. El lunes, se dijo que se cumplen los contratos de 4,000 de estas personas.

Cabe señalar que el efecto neto en dólares y centavos de los despidos anunciados ayer se queda corto con respecto a la meta de ahorro de $2,000 millones que pretende la administración Fortuño.

Los 7,816 que salieron durante la segunda fase del plan de reducción de nómina le significan al Estado una economía de sólo $153 millones.

A esa suma hay que añadirle los ahorros de la primera fase de las renuncias voluntarias y la suspensión de los beneficios de los convenios colectivos que alcanzaron los $239 millones.

“Al presente no se puede estimar el número de cesantías de futuras rondas”, recalcó el presidente del BGF.

Las razones que dio para que futuros despidos se den de manera escalonada son:

El Gobierno trabaja con un plan de reorganización gubernamental que, según García, podrá reducir la necesidad de $1,600 millones que sacar empleados públicos.

El plan de reorganización del Gobierno, que ya se plantea mediante un proyecto de ley, contempla, de acuerdo con lo que dijo ayer el propio gobernador Fortuño, la consolidación de funciones y agencias.

No se ha anticipado cuáles ni cuándo.

Para las censantías restantes también se tomarán en cuenta las reducciones en gastos operacionales.

“Las cesantías son una opción de último recurso, pero tenemos que alcanzar los $2,000 millones”, subrayó García.