El Tribunal de Apelaciones denegó una petición de certiorari, así como una moción de auxilio de jurisdicción al grupo de ciudadanos que solicitaron a ese cuerpo que revocara la resolución emitida previamente por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) y que buscaba la paralización de la llamada Iniciativa Naranja en Cabo Rojo. 

Sin embargo, mientras el municipio de Cabo Rojo celebra la decisión como un triunfo a su proyecto de cobro por el manejo y recogido de desperdicios sólidos, los demandantes consideran que la medida solo deja vigente la posibilidad de ver el caso en un futuro.

En una resolución de seis páginas a la que Suroeste tuvo acceso, el panel del Apelativo optó por mantener manos afuera de la controversia que se dilucida en la sala 307 del Tribunal de Mayagüez, que preside la jueza Lynette Ortiz Martínez.

Dos demandas están ante la consideración de la magistrada: una de los ciudadanos Juan Cancel Rivera y Edy Ruiz Vega, quienes alegan que la implementación de la Iniciativa Naranja es ilegal por violar la ley de municipios autónomos, y otra del Departamento de Justicia através de la Oficina de Asuntos Monopolísticos por la otorgación de un contrato exclusivo a la empresa Consolidated Waste Services (ConWaste) e imponer la compra de bolsas plásticas color naranja para esos fines. 

“No es aconsejable nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos, lo cual dilataría innecesariamente la solución final de la demanda. Al respecto, resaltamos que está pendiente una acción adicional (la Demanda del Departamento de Justicia, la cual identifica como la demanda del ELA), por lo cual no sería eficiente dilatar la adjudicación final de la demanda, pues ello también podría dilatar, indirectamente, la solución de la Demanda del ELA”, especifica la resolución del apelativo.

“La realidad es que el TPI paralizó, hasta la adjudicación final de la demanda (y de la demanda del ELA), la implantación de penalidad alguna contemplada por la Ordenanza, así como la sección misma que se impugna al amparo de la Ley Anti-Monopolísticos. En vista de ello, no cabe hablar de que los Peticionarios están sujetos a una ‘carga económica extremadamente alta’ a raíz de la Ordenanza, pues estos pueden optar por no cumplir con la ordenanza sin que el Municipio pueda penalizarlos”, añade el escrito.

De inmediato, el municipio de Cabo Rojo, a través de un comunicado de prensa, celebró la determinación del panel apelativo.

Por escrito, el alcalde Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz indicó que de la misma resolución del Tribunal Apelativo se desprende que los demandantes no probaron que exista necesidad de que ese foro intervenga en la resolución.

“Únicamente argumentan que la Ordenanza Municipal Núm. 26 es ilegal y que se les se está ocasionando daños porque tienen que someterse a una ordenanza”, reza el comunicado, al citar parte de la resolución.

“Continuaremos adelante, como hasta ahora, con la Iniciativa Naranja que constituye un sistema novedoso para el presente y futuro de Puerto Rico”, declaró Ramírez Kurtz.

Sin embargo, uno de los peticionarios aseguró que la determinación del apelativo solo busca no interferir con el proceso que se lleva a cabo en el tribunal de primera instancia, pero mantiene vigente la posibilidad de que en un futuro tengan que interferir en el proceso.

“Ellos le están dando el beneficio a la jueza del tribunal de Mayagüez a que resuelva lo que tiene ante su consideración, pero eso no quiere decir que nos cerró la puerta. La dejó media abierta. Si al final, nosotros no estamos de acuerdo con la decisión del tribunal, podemos ir otra vez al apelativo”, sostuvo Cancel Rivera.

En efecto, la resolución del Apelativo especificó que “La denegación de una petición de expedición del auto de certiorari no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento en apelación”.

“Yo estoy convencido de que, por ley, nosotros tenemos este caso gano. Mi única preocupación es que el municipio argumente que no pueden cubrir el gasto del recogido de basura porque no cuentan con los recursos económicos y la jueza, por no afectar más las arcas del municipio, falle en nuestra contra. Pero en ese caso, nosotros vamos a ir al apelativo y más arriba si es necesario” agregó.

Por lo pronto, la jueza Ortiz Ramírez citó a las partes para el próximo 31 de julio a una vista de seguimiento de los procesos.