La enmienda sometida por el representante Jorge Navarro a la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, mediante un proyecto que les restaría fondos a los sindicatos, fue rechazada por los empleados del municipio de Ponce.

Mayra Rivera, presidenta de la Asociación de Empleados Unionados del municipio, calificó como otra medida antiobrera de la presente administración la enmienda de Navarro para que los empleados que opten por no afiliarse a una organización obrera o unión sindical no tendrán la obligación de pagar cuota alguna y que el pago de cuota de los empleados afiliados será realizado directamente por estos al representante exclusivo.

“Esta medida presentada por Navarro lo que pretende es debilitar a los sindicatos y las uniones obreras restándole fondos”, sostuvo Rivera, quien aseguró que la inestabilidad del empleo parece ser el norte de la presente administración.

De acuerdo con Navarro, el fin para el cual se aprobó la Ley Núm. 45 del 25 de febrero de 1998, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico” era uno legítimo, pero que con el pasar de los años, eso ha cambiado. 

Argumentó que el fin consistía en organizar a los empleados públicos para que tuviesen los mecanismos necesarios para poder reclamar sus derechos ante las agencias de gobierno. 

Navarro sostuvo que con el pasar de los años el estatuto ha dejado de atender muchos de los reclamos legítimos de los empleados públicos, ya que, aunque la ley vigente les reconoce el derecho a no afiliarse ni ser representados por la organización obrera debidamente certificada, los obliga a pagar cuotas en beneficio de la misma. 

“Lo anterior representa un achicamiento del maltrecho presupuesto personal de los empleados públicos”, sostuvo el representante.

Sin embargo, para Rivera eso no es más que una excusa de Navarro, ya que “los trabajadores saben que solos nunca podrán obtener mejores salarios y beneficios que dentro de una unión”. 

Rivera instó a Navarro a retirar la medida y a la legislatura no atender su petición, ya que “dejaría en evidencia la intención antiobrera de la legislación”.